El gobierno del presidente Donald Trump anunció una nueva política migratoria que impedirá a los migrantes que ingresaron sin visa a Estados Unidos solicitar libertad bajo fianza, lo que podría mantenerlos detenidos durante meses o incluso años.
La medida, contenida en un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fechado el 8 de julio, establece que los migrantes permanecerán detenidos durante todo su proceso de deportación, salvo contadas excepciones.
Esta disposición afectará a miles de personas, en su mayoría latinoamericanos que han huido de la violencia, la pobreza o desastres naturales, y elimina una vía legal que hasta ahora les permitía pedir audiencia ante un juez migratorio para obtener su liberación.
Aunque esta política representa un alto costo económico, el Congreso ya aprobó una partida de 45 mil millones de dólares para el ICE en los próximos cuatro años, con el fin de aumentar la capacidad de detención.
La medida ha sido respaldada por sectores del Partido Republicano que buscan disuadir la migración irregular, pero ha generado fuertes críticas de organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que defienden el derecho de los migrantes a la presunción de inocencia y a presentar sus casos ante un juez.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha reforzado su enfoque de “mano dura” contra la migración, cerrando casi por completo la frontera con México y desplegando al menos 1,500 militares en la zona.
