Los organismos empresariales de la ciudad fijaron postura en contra de la propuesta para implementar el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) a comercios e industrias, al considerar que la medida afectará directamente la economía local y la competitividad de las empresas.
La Cámara Nacional de Comercio (Canaco), presidida por Benito Martínez González, reconoció los esfuerzos del municipio para fortalecer las finanzas públicas y mejorar los servicios, pero manifestó su profunda preocupación por el impacto que este cobro tendría sobre el comercio formal, en particular las pequeñas y medianas empresas. “La mejor ruta es encontrar soluciones conjuntas que garanticen servicios eficientes, sin que ello signifique una carga adicional que limite el crecimiento de los negocios locales”, señaló el organismo.
En el mismo sentido, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), que encabeza Isidro de los Santos Villarreal, calificó el DAP como un impuesto “injusto, inequitativo y sin sustento legal suficiente”, que debilita la competitividad, inhibe la inversión y terminaría trasladando costos adicionales a la ciudadanía. “Lejos de impulsar el desarrollo, desincentiva la inversión y resta confianza al sector empresarial”, advirtió.
Ambos organismos coincidieron en que cualquier medida de carácter fiscal debe ser justa, transparente y resultado del consenso, no un obstáculo que frene el desarrollo económico ni ponga en riesgo la estabilidad laboral de la ciudad. Por ello, hicieron un llamado al Cabildo de Piedras Negras para abrir espacios de análisis y diálogo con los sectores productivos, reiterando su disposición a aportar propuestas que fortalezcan la hacienda municipal sin estrangular al sector privado.
