La Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el gobierno de Nuevo León por presuntos esquemas de triangulación de recursos públicos por más de 7 mil 200 millones de pesos mediante una red de simulación de operaciones cuyos movimientos financieros habrían terminado en un despacho jurídico vinculado con el gobernador, Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
La denuncia fue interpuesta el pasado 16 de octubre e incluida en la revisión de la Cuenta Pública, de acuerdo con los registros de la Auditoría Superior de la Federación.
Durante la entrega del informe del órgano fiscalizador en la Cámara de Diputados, el auditor Aureliano Hernández detalló que el esquema financiero permitió el rastreo de fondos públicos redirigidos a personas morales y físicas con vínculos de parentesco con servidores públicos de la entidad.
De acuerdo con registros de movimientos expuesto por la ASF, la red operó a través del pago a grandes contratistas estatales, entre ellos los desarrolladores de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, quienes posteriormente triangularon los recursos a intermediarios y comercializadoras hasta depositarlos en las cuentas bancarias de la firma legal de los familiares del mandatario estatal.
“En Nuevo León identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos a través del pago a proveedores cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias de personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos. Tenemos mapeado el movimiento de los recursos”, explicó el auditor Aureliano Hernández.
Uno de los movimientos de mayor importancia involucra a una constructora que recibió 5 mil 851 millones de pesos del gobierno de Nuevo León y transfirió 5 mil 154.6 millones a otra empresa, desde la cual se canalizaron 385.3 millones al despacho jurídico. Otras rutas incluyeron transferencias desde comercializadoras, empresas de servicios y compañías de equipamiento.
Presuntamente, los recursos le habrían permitido a Samuel García comprar una propiedad con valor de mil millones de pesos.
Corresponderá ahora a la FGR investigar los hechos, analizar las pruebas integradas en la denuncia y determinar las responsabilidades legales que procedan.
