El tercer visitador Manuel Isaac López Soto señaló que, hasta el momento, no es posible determinar si existió una violación a los derechos humanos durante el desalojo del gerente de SIMAS, Lorenzo Menera, ya que se requieren más datos y pruebas para emitir un pronunciamiento oficial.
Explicó que, de acuerdo con la información difundida, existía una resolución de la Contraloría Municipal que ordenaba la separación del cargo, lo que, en caso de confirmarse, podría justificar el uso de la fuerza pública como una medida legal para hacer cumplir una determinación administrativa o judicial.
Precisó que el uso de la fuerza por parte del Estado está permitido siempre que sea aplicado de manera proporcional, gradual y únicamente cuando exista una necesidad justificada, además de respetar en todo momento los derechos humanos de las personas involucradas.
El visitador indicó que, hasta ahora, no se tiene certeza sobre la existencia de una orden formal que obligara al desalojo, ni sobre los alcances de un posible juicio de amparo que se mencionaba en torno al caso, por lo que insistió en que es necesario contar con mayor información para emitir una postura.
Dijo que, en caso de presentarse una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, se podrían analizar con mayor profundidad los hechos y determinar si hubo alguna irregularidad durante la intervención de la fuerza pública.
Destacó que la existencia de videos del desalojo representa una prueba relevante, ya que permite observar con mayor claridad cómo ocurrieron los hechos, lo que puede ser determinante tanto en investigaciones de derechos humanos como en posibles y diversos procesos legales.
