En una jornada de profunda crisis política e institucional, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue destituido este viernes por el Senado mediante un juicio político y posteriormente detenido en su domicilio por orden de la Fiscalía, en medio de las investigaciones derivadas del colapso de Ueno Bank.
La destitución fue aprobada por unanimidad de los 44 senadores presentes, quienes declararon culpable al mandatario por mal desempeño de sus funciones. La resolución puso fin a un proceso extraordinario que se desarrolló durante el jueves y viernes y que estuvo marcado por acusaciones relacionadas con presuntos conflictos de interés, manejo de recursos públicos y supervisión de la institución financiera.
Tras la decisión legislativa, Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, rindió protesta como nuevo presidente de Paraguay para completar el periodo gubernamental 2023-2028.
Minutos después de la destitución, la Policía Nacional ejecutó la orden de detención domiciliaria contra Peña, emitida por el Ministerio Público dentro de una investigación por presunta lesión de confianza y otros posibles delitos. La Fiscalía también ordenó la detención del expresidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo.
De acuerdo con los reportes de las autoridades, Peña deberá comparecer ante el Ministerio Público este sábado para continuar con las diligencias correspondientes. Entre las posibles imputaciones mencionadas por los investigadores figura el tráfico de influencias.
La crisis que derivó en su salida comenzó después de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank, ante preocupaciones sobre su solvencia y prácticas crediticias. La medida provocó el congelamiento de cuentas y afectaciones a millones de clientes, lo que desencadenó protestas y exigencias ciudadanas para recuperar sus ahorros y establecer responsabilidades.
Las investigaciones también alcanzaron el manejo de recursos públicos y fondos previsionales que habrían sido colocados en la institución financiera. Los legisladores cuestionaron los vínculos que Peña habría mantenido con el grupo empresarial relacionado con el banco, así como su actuación frente a las decisiones regulatorias.
El exmandatario negó las acusaciones. Un día antes había presentado su renuncia y solicitado una prórroga de 72 horas para preparar su defensa; sin embargo, el Senado rechazó aplazar el procedimiento y decidió concluir el juicio político antes de aceptar su dimisión.
Mientras tanto, el nuevo gobierno enfrenta el desafío de atender a los ahorradores afectados, recuperar la confianza en el sistema financiero y dar continuidad a las investigaciones que provocaron uno de los episodios políticos más relevantes de Paraguay en los últimos años.
