En medio de la disputa por destituir al hoy suspendido Lorenzo Menera de la dirección de SIMAS, el alcalde Jacobo Rodríguez promovió el pasado 30 de marzo de 2026 un recurso con el objetivo de evitar que los ingresos llegaran al organismo operador, y axfixiar así las finanzas del departamento.
Como parte de esta estrategia, convocó a la ciudadanía a tramitar amparos, con apoyo incluso del área legal del propio municipio, para que estos dejaran de pagar el servicio de agua y evitaran cortes en el suministro.
Asegurando que el acceso al vital líquido es una necesidad básica, difundió el ofrecimiento en su redes sociales y medios a fines para atraer a ciudadanos que podrían estar interesados en el trámite.
La situación surgió luego de que el entonces gerente Lorenzo Menera intentara cobrar un adeudo superior a los 2 millones de pesos al municipio de Piedras Negras por el servicio de agua.
En respuesta, el Ayuntamiento promovió un amparo para evitar el pago correspondiente y realizó tal maneobra para que más usuarios se sumarán y de igual manera evitaran cortes y pago por el servicio.
Días después, el 16 de abril del 2026, el Poder Judicial de la Federación ordenó al municipio de Piedras Negras cubrir el adeudo, y solicitó y también la reconexión del servicio al edificio municipal mientras analizaban la petición de dicho amparo.
Algunos ciudadanos atendieron el llamado del alcalde y acudieron directamente al ayuntamiento para realizar el trámite y suspender el pago del servicio.
Sin embargo, una vez que el edil asumió el control de SIMAS, estos ciudadanos han señalado que los amparos promovidos por el propio alcalde y su equipo ya no les están siendo reconocidos.
De acuerdo con sus testimonios, se les ha exigido el pago pendiente, incluso con advertencias de suspensión del servicio en caso de incumplimiento.
Esto ocurre después de que un juez declarara inválidos dichos amparos y obligara a los usuarios a cubrir el monto total de sus adeudo.
Incluso, aseguran que no se están otorgando descuentos, lo que ha obligado a los usuarios a pagar de forma íntegra los meses en los que dejaron de cubrir el servicio de agua.
