El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, reconoció este jueves que la clausura de un domicilio particular realizada por inspectores municipales constituye un acto arbitrario, ya que las casas no pueden ser clausuradas y solamente un juez puede ordenar el cierre de un hogar. Incluso admitió que no estaba enterado del caso, a pesar de que la familia afectada fue dejada fuera de su vivienda desde el pasado 5 de septiembre.
Aguilar explicó que este tipo de acciones carecen de efecto legal y subrayó que ningún ciudadano está impedido de entrar a su propia casa aunque lleve sellos de clausura, pues “únicamente por orden judicial puede cerrarse un domicilio”.
Este caso evidenció que los inspectores municipales tienen un completo desconocimiento de la ley y, en casos como este, se aprovechan de que los ciudadanos también ignoran los derechos que los protegen.
A pesar de que el secretario de Ayuntamiento reconoció el acto arbitrario en que incurrieron los inspectores municipales, no precisó si se aplicarán sanciones contra el funcionario responsable, quien dejó en la calle a una familia durante casi una semana. El secretario se limitó a insistir en que se trata de un acto sin validez legal, pero no ofreció garantías de que la situación no vuelva a repetirse.
