El desabasto de productos básicos, los cierres de sucursales sin previo aviso y la falta de claridad sobre los mecanismos de abastecimiento y acceso a los beneficios evidencian las deficiencias que enfrentan las Tiendas del Bienestar en Piedras Negras. A estas irregularidades se suma la exigencia de presentar identificación oficial y comprobante de domicilio para adquirir los artículos, una medida que ha generado inconformidad entre los consumidores, quienes cuestionan los criterios utilizados y consideran que podría existir un trasfondo político en la distribución de los apoyos.
En la sucursal de la colonia Cumbres, usuarios señalaron que durante los últimos días no han encontrado productos de primera necesidad como huevo, frijol, arroz, cebolla, chile, tomate y chorizo. La falta de mercancía, aseguraron, no se comunica oportunamente, por lo que algunas personas acuden al establecimiento, esperan para realizar sus compras y finalmente se retiran sin conseguir los alimentos que buscan.
Los consumidores también señalaron que recientemente se distribuyeron tarjetas para organizar el acceso a las compras, pero no recibieron información precisa sobre cuándo volvería a surtirse la mercancía ni sobre los periodos en que podrían encontrar disponibles los productos. A las dificultades para adquirir alimentos se suman quejas por la atención recibida y la falta de avisos cuando los establecimientos no cuentan con existencias.
Los vecinos reportaron que el establecimiento ubicado en el cruce de Juan de la Barrera y bulevar República, en el sector Cumbres, dejó de prestar servicio sin que se notificara previamente a los consumidores. Durante un recorrido realizado por Demos Diario se constató que el local permanece cerrado, luego de que en días anteriores también presentara problemas de desabasto.
Las condiciones contrastan con los anuncios del Gobierno Municipal, encabezado por Jacobo Rodríguez, que ha promovido la ampliación de las Tiendas del Bienestar como una alternativa para acercar productos de la canasta básica a precios accesibles. Aunque el esquema tiene su origen en el ámbito federal y fue retomado por la administración municipal como parte de sus programas sociales, las dificultades para mantener disponibles los alimentos ponen en entredicho el cumplimiento de su objetivo.
Otro aspecto pendiente es la transparencia sobre la operación del programa, particularmente en lo relacionado con el suministro de mercancía. Hasta ahora no existe información pública suficiente que permita conocer quiénes son los proveedores, bajo qué condiciones se realizan las entregas, con qué frecuencia se abastecen las sucursales y qué instancia se encarga de supervisar que los productos estén disponibles. Tampoco se han explicado ampliamente los criterios para integrar el padrón de beneficiarios, los límites de compra ni las razones por las que se exige documentación adicional para adquirir determinados artículos.
Mientras la administración municipal mantiene sus planes de ampliar la cobertura con nuevas sucursales, las deficiencias en los establecimientos que ya operan siguen sin una explicación puntual. La apertura de más puntos de venta no garantiza por sí misma que las familias puedan acceder a los alimentos que necesitan, particularmente cuando persisten problemas de abastecimiento, restricciones de compra y dudas sobre los criterios con los que se administra un programa dirigido a la población vulnerable.
