A poco más de un mes de haber sido suspendido de su cargo como gerente de SIMAS, Lorenzo Menera Sierra aseguró que mantiene confianza en los procedimientos legales y espera reincorporarse a sus funciones una vez que se cumpla el plazo establecido en el reglamento interno de la Presidencia Municipal, el cual, señaló, contempla un límite de tres meses para este tipo de suspensiones.
Menera indicó que, durante su comparecencia ante la Contraloría Municipal, le fue levantada una nueva acta administrativa, situación que considera parte de una serie de acciones emprendidas en su contra desde el inicio del conflicto entre la administración municipal y el organismo operador de agua.
El funcionario suspendido también se refirió al reciente enfrentamiento político entre el alcalde Jacobo Rodríguez y la secretaria estatal Sonia Villarreal, tema que ha generado debate en la esfera política local.
Sobre este conflicto, consideró que forma parte de una serie de desacuerdos que, a su juicio, el presidente municipal ha mantenido con distintos actores políticos y funcionarios desde el inicio de su administración.
Señaló que el edil ha protagonizado diferencias con integrantes de Morena, del Partido del Trabajo, funcionarios municipales, excolaboradores cercanos, representantes sindicales y ahora con integrantes del Gobierno del Estado, lo que, aseguró, ha provocado un ambiente de confrontación constante.
De acuerdo con su opinión, en lugar de fortalecer la coordinación institucional entre los distintos niveles de gobierno, los conflictos públicos han dificultado la construcción de acuerdos que permitan atender problemáticas prioritarias para la ciudad y consideró además que las diferencias recientes con Sonia Villarreal reflejan un deterioro en la relación entre el municipio y algunas dependencias estatales.
El exgerente de SIMAS sostuvo que la administración municipal ha enfrentado múltiples cambios internos, incluyendo la salida de funcionarios de distintas áreas, situación que atribuyó a desacuerdos dentro del propio gobierno local.
Afirmó que estos movimientos han generado inestabilidad administrativa y han impactado en la operación de diversas dependencias.
Cuestionó que mientras se mantienen disputas políticas, existen temas de interés público que continúan demandando atención, como los servicios básicos, la infraestructura urbana y la relación institucional con organismos y sectores de la sociedad.
Respecto al Consejo de SIMAS, sostuvo que sus integrantes han sido objeto de procedimientos administrativos que considera improcedentes, al señalar que se trata de un órgano autónomo.
Afirmó que varios consejeros han sido citados por autoridades municipales y han recibido actas administrativas, lo que calificó como una medida de presión e intimidación.
Sobre el problema del agua turbia reportado por usuarios de distintos sectores de Piedras Negras en los últimos días, Menera insistío que se trata de una situación vinculada a factores naturales derivados de las condiciones del Río Bravo y no exclusivamente a decisiones administrativas.
Explicó que durante temporadas de crecientes el agua llega con altos niveles de sedimentos, lo que complica los procesos de potabilización.
En ese sentido, señaló que la problemática continúa presentándose pese a que anteriormente se había asegurado que sería resuelta una vez fuera removido de la dirección del organismo.
El exgerente sostuvo que la potabilización del agua requiere infraestructura, experiencia técnica y una planeación adecuada para enfrentar fenómenos naturales que afectan la calidad del líquido.
Lorenzo Menera concluyó pronunciandose sobre el caso de la menor cuya situación generó una amplia movilización ciudadana durante la noche del sábado en Piedras Negras.
Reconoció que las imágenes difundidas en redes sociales le causaron indignación y aclaró que corresponde a las autoridades determinar la legalidad de las resoluciones emitidas en el caso, manifestó su solidaridad con la madre de la menor y con las personas que participaron en las manifestaciones realizadas para exigir una revisión de la situación.
Menera consideró que el bienestar de los menores debe ser el principal interés en cualquier procedimiento familiar y destacó la importancia de que las instituciones competentes garanticen la protección de los derechos de niñas y niños, privilegiando siempre su seguridad y estabilidad emocional.
