La legalidad del nombramiento del contralor municipal de Piedras Negras, Adrián García Loza, podría poner en riesgo todos los procedimientos que ha iniciado desde su llegada al cargo. Así lo afirmó el abogado Raúl Tamez, representante legal de varios exintegrantes del Consejo Directivo de SIMAS, quienes fueron destituidos por la administración del alcalde Jacobo Rodríguez. El asesor jurídico señaló que promovieron una denuncia por presunta usurpación de funciones al considerar que el funcionario nunca cumplió con el perfil establecido en el Código Municipal para ocupar la Contraloría.
Tamez explicó que, si la autoridad determina que el contralor ejerció el cargo sin reunir los requisitos legales, la consecuencia sería la nulidad de todas las actuaciones realizadas durante su gestión, incluyendo los procedimientos administrativos emprendidos contra exconsejeros de SIMAS y otros servidores públicos. Agregó que un escenario de este tipo también podría favorecer jurídicamente al exgerente del organismo operador, Lorenzo Menera Sierra, al quedar sin sustento los actos iniciados por la Contraloría.
Respecto a los procedimientos contra los exconsejeros ciudadanos, informó que uno de los expedientes ya fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en Saltillo, mientras que otro continúa en trámite en la Presidencia Municipal. Además, indicó que el próximo 6 de agosto se celebrará una audiencia como parte del proceso.
El abogado sostuvo que la defensa ha solicitado la nulidad de los procedimientos al considerar que las imputaciones carecen de fundamento, ya que los consejeros ciudadanos no administraban recursos públicos, no manejaban presupuestos, no autorizaban pagos, no firmaban cheques ni tenían facultades para contratar servicios o aprobar facturas.
Precisó que una de las acusaciones consiste en haber participado presuntamente de manera indebida en sesiones del Consejo Directivo, pese a que, aseguró, dichas reuniones fueron convocadas conforme a la ley. En otro de los expedientes se les atribuye responsabilidad por el pago de un servicio jurídico relacionado con un juicio de amparo, hecho que, según la defensa, tampoco corresponde a las funciones de los consejeros ciudadanos.
Tamez afirmó que la participación de los ciudadanos dentro del Consejo Directivo de SIMAS se limita a intervenir en la toma de decisiones y en la definición de políticas del organismo, figura que fue creada precisamente para incorporar la representación de la sociedad en la administración del sistema de agua, sin que ello implique el manejo de recursos públicos o funciones administrativas.
