El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 9 de mayo de 2025 una orden ejecutiva que endurece drásticamente la política migratoria del país. Bajo el nombre de “Proyecto de Regreso a Casa”, la medida contempla una redada nacional sin precedentes contra inmigrantes indocumentados, con el despliegue de más de 20 mil agentes a lo largo del territorio estadounidense.
El plan autoriza operativos de detención en barrios, lugares de trabajo, terminales de transporte y zonas fronterizas, y exige al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reforzar su fuerza migratoria mediante la contratación y delegación de agentes estatales, ex agentes federales y contratistas especializados.
La orden también introduce un programa de salida voluntaria que ofrece incentivos a los inmigrantes indocumentados para abandonar el país. Quienes se acojan al plan podrán acceder a vuelos gratuitos gestionados por la aplicación “CBP Home” y recibirán una “bonificación de salida” de 1,000 dólares como incentivo económico.
“Los inmigrantes ilegales enfrentan ahora una elección clara: irse voluntariamente con ayuda financiera, o quedarse y sufrir las consecuencias”, advirtió Trump durante el anuncio. Aquellos que permanezcan sin estatus legal enfrentarán expulsión inmediata, enjuiciamiento por delitos migratorios, prisión, multas, embargo de salarios y confiscación de bienes personales como casas y vehículos.
El comunicado oficial de la Casa Blanca sostiene que Estados Unidos enfrenta una “invasión a gran escala” de inmigrantes ilegales, a quienes responsabiliza de delincuencia, violencia y un gasto público superior a los 150 mil millones de dólares anuales en salud, educación y seguridad.
Críticos del plan cuestionan su legalidad, advierten sobre posibles violaciones de derechos humanos y anticipan una crisis humanitaria. Organizaciones defensoras de los migrantes ya se están movilizando ante la inminente oleada de redadas, especialmente en estados como California, Texas y Florida, que concentran grandes comunidades inmigrantes.
