A tres semanas de que se difundió el video que exhibe a personal del Centro de Bienestar Animal arrojando perros al basurero municipal, el Ayuntamiento reconoció que enfrenta consecuencias tanto penales como administrativas por este hecho, considerado un caso de crueldad animal.
Este viernes, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, reconoció que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila prepara una sanción administrativa, que según datos de la misma Propaec superaría el millón de pesos, luego de que el municipio no presentó en tiempo los informes sobre los sacrificios de perros, mismos que apenas fueron entregados recientemente.
En cuanto al proceso penal, Aguilar confirmó que la Fiscalía General del Estado citó a declarar al veterinario responsable del Centro de Bienestar Animal, Alfonso Orta y a dos colaboradores más, quienes comparecieron en calidad de testigos dentro de la carpeta de investigación abierta por el caso.
“El médico veterinario acudió la semana pasada para ampliar su declaración y entregó bitácoras que también fueron remitidas a la Propaec”, detalló el funcionario, al reiterar que el municipio está colaborando con las autoridades ministeriales “para el esclarecimiento de estos penosos hechos”.
Aguilar señaló que, además del procedimiento estatal, la Contraloría Municipal inició su propia investigación interna para determinar responsabilidades del personal involucrado, a fin de integrarlo como prueba dentro del expediente que mantiene la Propaec.
El secretario reconoció que el video difundido “muestra una conducta inaceptable e indigna”, aunque aseguró que “no refleja los valores del Ayuntamiento ni el protocolo completo de inhumación de animales”, el cual, dijo, contempla la sepultura de cadáveres debido a que el horno crematorio dejó de funcionar hace varios años.
Finalmente, adelantó que el municipio prepara su respuesta formal al procedimiento administrativo, que será presentada el próximo lunes, acompañada de la documentación requerida por la autoridad ambiental y de las pruebas sobre las acciones internas emprendidas por el Ayuntamiento.
“Estamos en toda la disposición de seguir colaborando con la Fiscalía y con la Propaec para el esclarecimiento de los hechos y la imposición de las sanciones que correspondan”, concluyó Aguilar.
