A pesar de la existencia de evidencia que indica un allanamiento ilegal por parte de cuatro elementos de la Policía Municipal a la oficina del notario Raúl Fernando Tamez Robledo, el municipio de Piedras Negras continúa negando que los oficiales hayan ingresado indebidamente al inmueble, minimizando el hecho y sin haber revisado las grabaciones de las cámaras corporales que portan los agentes implicados.
El comisario Cruz Eliud Mercado Ramírez justificó la intervención policial señalando que los oficiales actuaron al atender reportes vecinales en contra de una persona, a quien inicialmente se le atribuyó un presunto robo, aunque posteriormente se aclaró que la detención fue solo por una falta administrativa. “Para mí sí (está justificado), nunca se transgredieron los derechos humanos de la persona”, declaró el comisario, quien incluso contradijo su propia versión al admitir que “sí ingresaron, estuvieron en la puerta de la oficina, ahí claramente se ven los videos, pero como tal, adentro de la oficina nunca estuvieron”.
Sin embargo, los hechos refieren otra cosa. El testimonio del abogado Tamez y el video que él publicó en sus redes sociales muestran que los oficiales se encontraban claramente dentro de la oficina al momento de la confrontación. El notario incluso les solicitó que se retiraran y permitieran que él mismo colaborara con la entrega de la persona buscada, pero los oficiales hicieron caso omiso.
A una semana del incidente, las autoridades municipales aún no han revisado los videos de las cámaras de solapa que por protocolo los policías deben portar encendidas. Dichas grabaciones serían cruciales para esclarecer si hubo o no allanamiento, y aportarían evidencia contundente sobre la conducta de los oficiales.
El comisario Mercado, al ser cuestionado al respecto, reconoció que los videos no han sido revisados. “No hemos revisado los videos… si el notario quiere interponer una denuncia ante Derechos Humanos y si ellos nos solicitan los videos, pues con todo gusto los estaremos proporcionando”, dijo, delegando así la responsabilidad de esclarecer el hecho a la parte afectada, a pesar de tratarse de un posible acto violatorio, y que por su gravedad, debería investigarse de oficio.
Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, señaló que existen tres vías para investigar el caso: una denuncia formal del notario, una indagatoria interna, o una investigación iniciada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, no precisó si efectivamente ya se ha iniciado alguna de estas acciones, limitándose a afirmar que, hasta ahora, “consideramos que se actuó dentro del marco de la ley”.
Este caso se suma a una serie de interrogantes sobre los límites de actuación de la policía local y la aparente tolerancia institucional hacia conductas que podrían constituir abuso de autoridad o violaciones a derechos fundamentales. Mientras tanto, la evidencia que podría aclarar lo ocurrido sigue sin ser revisada.
