El Municipio de Piedras Negras intentó justificar este viernes la detención de un ciudadano ciclista, ocurrida el jueves 30 de octubre, argumentando que los policías municipales actuaron en “labores investigativas”. Sin embargo, el video difundido por el propio municipio para sustentar su proceder muestra cortes y omite parte de los hechos, además de exhibir una detención que viola el artículo 16 constitucional, el cual establece que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, fue cuestionado sobre si la Dirección de Seguridad Pública Municipal tiene facultades para realizar labores de investigación, a lo que respondió, “Hay vasta jurisprudencia que habla de la sospecha razonada… cuando hay una conducta evasiva, cuando hay cierto tipo de conductas, es permisible para la autoridad entrar en ese nivel de contacto, hacerle preguntas o una revisión corporal”, dijo, aunque reconoció que no conocía los pormenores del caso.
El director operativo de Seguridad Pública, Ricardo González, complementó la versión oficial asegurando que el ciclista fue interceptado en la colonia Roma, “La unidad intercepta a una persona, evade la unidad, se le pide una revisión, accede, y la persona menciona que sí trae algo que lo compromete. Le entrega un envoltorio con droga y se consigna al Ministerio Público”, señaló; aunque en el video se muestra que es la oficial de policía la que saca el supuesto envoltorio de la mochila del ciudadano, y no es él quien lo entrega como aseguró Ricardo González.
Aguilar insistió en que los elementos “traían cámaras de solapa” y que el video mostraba “un apego a la jurisprudencia” que permite ese tipo de intervenciones, aunque el material difundido por el municipio dura apenas 2 minutos con 10 segundos, mientras que el registro de hora marca un lapso de 4 minutos con 30 segundos, dejando fuera 2 minutos y 20 segundos del operativo. El video inicia cuando el ciudadano ya está detenido, lo que impide observar el momento de la supuesta “conducta evasiva”.
La detención del ciclista se suma a una serie de acciones municipales que han sido señaladas por dirigirse principalmente contra personas en situación vulnerable. Cabe recordar el caso del 9 de junio, cuando la directora del Departamento de Inspectores, Lizbeth Aimee Delgado Tamez, proyectó en conferencia matutina un video en el que se grabó sin consentimiento a la señora Eva, una mujer de la tercera edad vendedora ambulante, con el fin de justificar su detención por vender en el centro de la ciudad.
El material fue difundido sin proteger su identidad, lo que constituyó una violación a su privacidad y un acto de revictimización por parte de la autoridad.
El manejo del video del ciclista contrasta con otros casos en los que el municipio ha optado por el silencio, como el allanamiento a la oficina del notario Raúl Tamez, ocurrido el 31 de mayo, cuando cuatro policías municipales irrumpieron en el inmueble para detener a un ciudadano que se había refugiado allí.
A cinco meses de los hechos, el Ayuntamiento no ha mostrado las grabaciones de las cámaras de solapa de los oficiales que participaron en el operativo, a pesar de que dichas cámaras fueron presumidas públicamente como herramientas de transparencia.
La rapidez con la que el municipio difundió el video del ciclista, editado y sin contexto completo, refuerza el contraste entre los casos en los que la autoridad busca justificar su actuar y aquellos en los que evita rendir cuentas.
