Luego de que iniciaran los trabajos para instalar el sistema de boyas flotantes en el Río Bravo y de que recientemente un ranchero estadounidense fuera señalado por presuntamente realizar disparos contra personal que participaba en esas labores en la zona de El Quemado, Texas, frente al ejido San Isidro, en el municipio de Piedras Negras, el obispo de la Diócesis de Piedras Negras, monseñor Alfonso Gerardo Miranda, lamentó que este tipo de medidas continúen privilegiando acciones de contención migratoria por encima del respeto a la dignidad humana.
Señaló que la instalación de esta barrera flotante no es un tema reciente, sino una política que desde hace varios años ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y diversos sectores sociales debido a sus posibles afectaciones tanto a las personas migrantes como al ecosistema del Río Bravo.
Consideró que este tipo de infraestructura representa un trato indigno hacia quienes se ven obligados a abandonar sus países de origen y sostuvo que toda estrategia de seguridad fronteriza debe aplicarse sin menoscabar los derechos fundamentales de las personas.
Monseñor Miranda afirmó que ningún Estado pierde el derecho de proteger sus fronteras y hacer cumplir sus leyes migratorias; sin embargo, advirtió que ello no justifica acciones que vulneren la integridad, el respeto y la dignidad de quienes buscan una mejor calidad de vida.
Expresó que los migrantes no deben ser estigmatizados como personas peligrosas únicamente por su condición migratoria, ya que detrás de cada caso existen circunstancias económicas, sociales o de violencia que obligan a miles de familias a desplazarse.
El obispo enfatizó que muchos de quienes cruzan la frontera lo hacen acompañados de sus hijos y de sus parejas, por lo que insistió en que nunca debe perderse de vista que se trata de seres humanos con derechos que merecen un trato digno y humanitario.
Hizo un llamado a encontrar un equilibrio entre la aplicación de las leyes migratorias y el respeto irrestricto a los derechos humanos, al considerar que ambas obligaciones pueden coexistir sin recurrir a acciones que afecten la dignidad de las personas migrantes.
