El caso de Isidro Martínez, el joven de 21 años que denunció haber sido brutalmente agredido dentro de las celdas municipales, terminó sin que se informaran sanciones penales o administrativas contra los elementos señalados, pese a las lesiones visibles que presentó la víctima y a que las propias autoridades reconocieron el hecho ante la Fiscalía General del Estado.
La agresión ocurrió el pasado 27 de abril de 2026 al interior de las instalaciones municipales, donde de acuerdo con el testimonio del joven, todo comenzó cuando custodios intentaron retirarle una cobija mientras permanecía detenido.
Al cuestionar la acción, una elemento femenina lo golpeó en sus partes íntimas y ordenó que lo llevaran a otra celda, la número 10.
Posteriormente, según relató el afectado, fue llevado a esta otra celda, donde un oficial lo golpeó mientras permanecía esposado, incluso aseguró que el agente intentó ahorcarlo mientras le decía: “Si yo quiero te mato y no me hacen nada”.
Tras salir de las celdas municipales, Isidro Martínez presentaba golpes visibles en el rostro, brazos, pecho y espalda, lesiones que fueron exhibidas públicamente por sus familiares al denunciar el caso.
Aunque públicamente ni el alcalde Jacobo Rodríguez ni el área de Seguridad Pública reconocieron lo sucedido, ante el Ministerio Público sí se habría aceptado la existencia de los hechos y se optó por buscar un acuerdo con el afectado antes de proceder con una posible judicialización.
Familiares del joven señalaron que durante varios días el expediente permaneció prácticamente detenido y que constantemente les reprogramaban las comparecencias, situación que hicieron pública el pasado lunes mediante una denuncia en este portal.
Un día después, según el testimonio de los afectados, fueron citados en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde representantes de Seguridad Pública de inmediato habrían cubierto los gastos derivados de las lesiones ocasionadas al joven.
Sin embargo, aseguraron que el acuerdo incluyó la firma de un documento mediante el cual se comprometían a dejar de ofrecer entrevistas o declaraciones públicas relacionadas con el caso.
Los familiares también denunciaron que el comandante Cruz Eliud Mercado Ramírez nunca acudió personalmente a las comparecencias y únicamente enviaba representantes legales en su nombre y elementos de la misma corporación.
El cierre del caso mediante una mediación género duda debido a la gravedad de las lesiones y a la evidencia física que presentaba el joven tras abandonar las celdas municipales.
Siendo que en México, el abuso de autoridad cometido por servidores públicos se encuentra tipificado en el Código Penal Federal, particularmente cuando existe violencia física o lesiones.
Además, este tipo de delitos suelen investigarse de oficio por el Ministerio Público cuando existen indicios suficientes de posibles violaciones a derechos humanos.
Pese a ello, el caso concluyó sin que se informara públicamente sobre investigaciones penales, suspensiones o sanciones contra los elementos señalados por la presunta agresión, dejando nuevamente señalamientos sobre impunidad dentro de corporaciones de seguridad pública.
