El consejero Mauricio Salazar acudió la mañana de este viernes a la Presidencia Municipal para reunirse con la síndico Rocío Cortez, con el propósito de dar seguimiento a la denuncia presentada contra el contralor municipal, Adrián García Loza, a quien acusa de desacato, abuso de funciones y presuntas violaciones a la ley dentro de la actual administración encabezada por el alcalde Jacobo Rodríguez.
Durante su llegada al edificio municipal, el consejero informó que a las acusaciones iniciales se sumaron nuevos señalamientos relacionados con presuntas amenazas e intervención de llamadas telefónicas, asegurando que cuenta con pruebas sobre posibles actos de espionaje y vigilancia indebida.
“Vamos a hablar del desacato que está haciendo el Contralor, y no solamente desacato, también amenazas. Hay evidencias de que están interfiriendo teléfonos y llamadas”, declaró Salazar antes de ingresar a la reunión con la síndico.
El consejero sostuvo además que los integrantes del Consejo no administran recursos públicos y reiteró que, de acuerdo con su interpretación legal, no pueden ser considerados servidores públicos, ya que afirmó estar respaldados por disposiciones constitucionales y por un dictamen jurídico que, según dijo, continúa vigente.
En ese contexto, señaló que las investigaciones relacionadas con el manejo de recursos municipales deberían dirigirse a otras áreas administrativas y no hacia el Consejo.
También acusó al titular de la Contraloría Municipal de actuar en favor de los intereses políticos del alcalde y no en defensa de la ciudadanía.
Mauricio Salazar adelantó que buscará formalmente la destitución inmediata de Adrián García Loza, al considerar que ha excedido las facultades de su cargo.
Indicó además que presentaría documentación y recursos legales ante la síndico para respaldar dicha solicitud.
Lanzó críticas contra diversos funcionarios municipales, a quienes acusó de actuar en perjuicio de la ciudad. Incluso aseguró que distintas instancias ya cuentan con información y nombres de servidores públicos presuntamente involucrados en irregularidades administrativas.
Entre los señalamientos realizados, también mencionó a un funcionario identificado como Alexis, a quien acusó de presuntamente usurpar funciones dentro de la administración municipal, aunque no presentó pruebas públicas en ese momento.
La reunión entre el consejero y la síndico ocurre días después de que Mauricio Salazar interpusiera una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción en Coahuila.
En dicha querella acusa a Adrián García Loza de utilizar la Contraloría Municipal como un instrumento al servicio directo del alcalde Jacobo Rodríguez para emprender acciones contra el entonces gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera Sierra.
De acuerdo con la denuncia, el objetivo de dichas acciones habría sido tomar control del manejo financiero de la paramunicipal.
Como parte de las evidencias exhibidas públicamente, Salazar mostró un oficio presuntamente firmado por el Contralor y fechado el 16 de abril de 2026, en el que, según explicó, se intentó impedir reuniones del Consejo de SIMAS y advertir posibles responsabilidades administrativas al comisario de la dependencia en caso de autorizarlas.
“El Contralor debe resguardar los intereses del pueblo, no proteger los intereses del alcalde”, expresó el consejero al insistir en que las medidas impulsadas desde la Contraloría representan un exceso en sus atribuciones.
El consejero puntualizó que, después de presentar el pasado 19 de mayo en la Presidencia Municipal la documentación relacionada con su denuncia, comenzó a recibir una gran cantidad de documentos en su domicilio, algunos de los cuales, aseguró, fueron colocados en las puertas de su vivienda por servidores públicos vinculados al área de Contraloría.
Señaló que estas acciones tendrían la intención de intimidarlo, por lo que adelantó que incorporará esta situación al expediente que mantiene en proceso ante las autoridades correspondientes.
Mauricio Salazar afirmó que continuará integrando pruebas y presentando recursos legales ante distintas instancias, al considerar que existen irregularidades en la actuación de funcionarios municipales relacionadas con el control administrativo y financiero de SIMAS.
