Un operativo de desalojo realizado la tarde de este martes en un predio de la calle Santa Cruz, en la colonia Buenavista Sur, derivó en señalamientos de presuntas irregularidades por parte de uno de los propietarios, quien asegura que no fue notificado y que no se acreditó plenamente la propiedad del terreno durante la diligencia.
La intervención fue ejecutada por diversas autoridades en cumplimiento de una orden judicial que establecía la recuperación legal del inmueble, luego de un proceso iniciado tras la denuncia del supuesto legítimo propietario.
El predio había sido ocupado durante varios años por el taller mecánico conocido como «Juan Bochos», donde permanecían diversos vehículos estacionados; sin embargo, de acuerdo con testimonios, el espacio no pertenecía a quienes lo utilizaban.
Durante el procedimiento, se llevó a cabo el retiro de varios vehículos que se encontraban en el lugar, para lo cual fue necesario el uso de diversas grúas a fin de liberar el terreno.
Tras estos hechos, José Salas, quien se identificó como uno de los propietarios, denunció anomalías en el proceso, al señalar que en ningún momento se les mostraron las escrituras de la persona que reclama la propiedad, ni se les proporcionaron datos sobre su identidad o la de su representante legal.
Afirmó que no recibieron notificación previa del desalojo, pese a que cuentan con documentación que acredita la posesión del predio desde 1978, incluyendo registros catastrales certificados por el municipio de Piedras Negras y pagos al corriente.
Salas también cuestionó la validez de los documentos presentados por la contraparte, al indicar que estos son recientes, y aseguró que existe una orden de restricción en contra de quienes reclaman el terreno, la cual, afirmó, no fue respetada durante el operativo.
De igual forma, explicó que el desalojo se llevó a cabo contra una persona que ocupaba el sitio, pero que, de acuerdo con su versión, no es propietaria ni tiene derechos legales sobre el inmueble, lo que ha terminado por afectar a los verdaderos dueños.
El afectado señaló que la única explicación proporcionada por las autoridades fue que el terreno pertenece a la otra parte, sin que se les mostraran mayores elementos que sustentaran dicha afirmación en el momento.
En sus declaraciones, mencionó a un abogado identificado como “licenciado Lara”, a quien acusó de influir en el proceso legal y de favorecer a la contraparte.
Indicó que la única alternativa que les han planteado es iniciar un nuevo proceso legal, lo que implicaría gastos elevados y largos tiempos para recuperar un terreno que, sostiene, les pertenece.
Dijo que no es la primera ocasión que enfrentan situaciones como esta, ya que anteriormente se habían presentado intentos similares, lo que llevó a la imposición de una orden de restricción y al inicio de un juicio paralelo.
Pidió a las autoridades estatales para que revisen el caso, al considerar que podrían existir irregularidades en el procedimiento, y cuestionó la eficacia de los mecanismos legales para proteger la propiedad, al señalar que, pese a contar con documentación, actualmente se encuentran fuera del predio en disputa.
