Durante una conferencia de prensa de Lorenzo Menera realizada este martes en la Macroplaza, un ciudadano con discapacidad se acercó para denunciar una presunta triangulación entre el Ayuntamiento de Piedras Negras, encabezado por el alcalde Jacobo Rodríguez, y centros de rehabilitación de Piedras Negras y Ciudad Acuña. El hombre aseguró haber sido anexado por el propio alcalde en un centro de rehabilitación de Acuña y señaló particularmente a un establecimiento identificado como de “Zamudio”, donde afirmó que “se están muriendo los que anexa Jacobo”.
El señalamiento coincide con testimonios que familiares de personas anexadas han compartido con Demos Diario, quienes aseguran que después de ser ingresados por gestiones del alcalde, sus familiares quedan prácticamente abandonados dentro de los centros, sin el respaldo económico que, según declaraciones del Municipio, debería cubrir su permanencia. De acuerdo con estas versiones, el problema no sería únicamente el ingreso de las personas, sino que posteriormente los centros quedan con la responsabilidad de cubrir su alimentación, higiene y demás necesidades básicas.
Los familiares aseguran que esta falta de apoyo ha provocado que algunos internos pasen hambre o que incluso los propios centros terminen dejándolos salir al no contar con recursos suficientes para mantenerlos. Las familias piden conocer qué ocurre con el supuesto apoyo económico que el alcalde ha referido para las personas canalizadas a rehabilitación, pues sostienen que el simple ingreso no garantiza las condiciones necesarias para que permanezcan en tratamiento.
Las versiones recabadas también señalan posibles irregularidades en la manera en que se entregan y utilizan los apoyos municipales destinados a estos establecimientos. Información obtenida indica que el Municipio entrega de manera esporádica alimentos no perecederos a una casa de rehabilitación, pero existen señalamientos sobre precios presuntamente elevados de los productos adquiridos, muy por encima de los valores habituales de la canasta básica. Esto genera dudas sobre el costo real de los apoyos, los proveedores y el destino de los recursos públicos utilizados para atender a las personas canalizadas.
Los testimonios plantean una posible triangulación entre el Ayuntamiento, las asociaciones o centros de rehabilitación y los recursos destinados a las personas anexadas. Los denunciantes señalan que, mientras el Municipio refiere apoyos económicos para cubrir la estancia de los internos, familiares y personas relacionadas con estos centros aseguran que los recursos no llegan de manera suficiente o permanente para cubrir alimentación, higiene y otras necesidades básicas.
Las familias también han referido que los supuestos apoyos anunciados por el Municipio alcanzarían montos de entre 9 mil y 20 mil pesos por persona, dependiendo del caso, por lo que piden conocer cuánto dinero se entrega realmente a los centros, bajo qué concepto y quién supervisa que sea utilizado para atender a los internos.
En agosto de 2025 se registraron dos disturbios de consideración en el centro de rehabilitación Nuevo Destino EDR, situación que requirió la presencia de numerosas unidades policiales y derivó en la detención de varias personas, además de diversos señalamientos sobre lo ocurrido al interior. Pese a la gravedad de aquellos acontecimientos, el Municipio de Piedras Negras no procedió con la clausura del establecimiento y mantuvo una postura de respaldo hacia el pastor Eloy, señalado como responsable del centro.
En aquel momento surgieron versiones distintas sobre las causas de los disturbios. Algunos familiares afirmaron que los internos provocaban los desórdenes porque no querían permanecer en el lugar, mientras que otras personas señalaron presuntos malos tratos por parte de quienes operaban el centro.
