Durante su conferencia matutina, el alcalde Jacobo Rodríguez fue cuestionado sobre la aplicación digital de trámites municipales que su administración presentó esta semana, costando al erario más de 3 millones de pesos. Sin embargo, el edil no pudo recordar siquiera el nombre de la empresa responsable del proyecto.
Cuando se le preguntó directamente por el proveedor, Rodríguez respondió: “No me acuerdo el nombre”. También fue impreciso respecto al esquema de pago de los primeros 3 millones de pesos, al contestar con un ambiguo: “Creo que sí” al ser cuestionado sobre si se había cubierto en una sola exhibición.
Pese a su falta de claridad, en redes sociales se difundieron en las ultimas horas documentos que evidencian que el contrato fue firmado el pasado 6 de marzo con «Betta JJ & Asociados, S.A. de C.V.», una empresa con sede en Monterrey, Nuevo León, que presuntamente no contaba con certificado vigente para operar como proveedora del municipio.
La contratación millonaria se realizó sin pasar por la aprobación del Cabildo y compromete más de 15 millones de pesos durante todo el trienio de la administración al imponerse un esquema de pago de «licencias» por el uso de dicha aplicación.
Tan solo en 2025 se erogarán más de 7 millones de pesos para el pago de este sistema, al sumar el 16% de IVA, que fue presentado como una “adecuación del Sistema Integral de Gobierno”, y que en esencia consiste en ordenar accesos y permisos del personal municipal.
Según el propio alcalde, la plataforma incluye un pago mensual de 290 mil pesos por concepto de licencias y almacenamiento, cargo que no resulta usual en la venta de apps.
Según la documentación difundida la sede de la empresa contratada se encuentra en un inmueble de lujo ubicado en la calle Distrito B2 #104, Colonia Leones, en Monterrey, con un costo de renta de 139 mil pesos mensuales, según registros públicos.
La opacidad en el proceso de contratación, la falta de requisitos legales, el desconocimiento del propio alcalde sobre los detalles del contrato, y la millonaria cantidad comprometida, han aumentado las dudas sobre esta nueva compra pública.
