Durante la conferencia matutina de este lunes 2 de junio, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, evidenció un desconocimiento de las obligaciones legales del municipio en relación con el actuar de los elementos de la Policía Municipal. En referencia al allanamiento ocurrido el pasado sábado en el despacho del abogado Raúl Fernando Tamez Robledo, el alcalde afirmó que no se iniciará ninguna acción hasta que el afectado o el ciudadano detenido presenten una denuncia formal.
Este posicionamiento ignora por completo que la ley obliga al municipio a iniciar una investigación de oficio cuando se tiene conocimiento de una actuación arbitraria por parte de sus elementos, como lo es un allanamiento sin orden judicial. En el caso particular, cuatro oficiales irrumpieron en la oficina de Tamez Robledo para detener a un individuo, a pesar de que el abogado les exigió que salieran de su propiedad.
Ante el cuestionamiento directo de que los hechos ocurrieron claramente dentro del inmueble, el alcalde intentó minimizar lo sucedido argumentando que la detención fue “en la raya, cerquita de la puerta”, y aseguró que “los policías saben perfectamente cuáles son los límites”.
Aunque declaraciones del licenciado Raúl Tamez, dejan claro que los oficiales no estuvieron todo el tiempo “cerquita de la puerta” como asegura el alcalde, y que con la evidencia de las cámaras que deben portar los oficiales se podrá comprobar que los oficiales entraron de lleno a la propiedad de Tamez Robledo. Aunque el delito se cometió cuando los oficiales traspasaron el límite de la propiedad, sin importar si fue “cerquita” o más lejos de la puerta.
Pese a la evidencia y la gravedad del hecho, pues una intrusión sin orden judicial constituye un delito, Rodríguez insistió en que el municipio no actuará a menos que el abogado o el ciudadano afectado presenten una denuncia. “Él es abogado. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer”, respondió el alcalde, dejando en manos del afectado la carga de denunciar.
La actitud del alcalde no solo evade la responsabilidad institucional que tiene el municipio como autoridad garante de la legalidad, sino que además sienta un peligroso precedente: si una violación a la ley no es denunciada por la víctima, entonces no se investigará, incluso si hay evidencia pública.
Este mensaje, que ha sido constante en la administración de Rodríguez, vuelve a quedar reflejado en su declaración final: “Si quieren poner una denuncia, perfecto, que vayan y la pongan, sin ningún problema”.
