La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo trascendental que limita el alcance de las medidas cautelares emitidas por jueces federales, particularmente en relación con la política del presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento. En una decisión dividida de 6-3, el tribunal ordenó a cortes inferiores reconsiderar sus bloqueos a la directiva de Trump, que busca negar la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos de padres no ciudadanos o sin residencia permanente. Esta resolución representa un fuerte golpe al poder judicial federal y refuerza el margen de acción del Ejecutivo en temas migratorios.
La polémica orden ejecutiva firmada por Trump el mismo día de su retorno al cargo impediría otorgar la ciudadanía a más de 150 mil recién nacidos cada año, según cálculos de los demandantes. Estos, encabezados por fiscales generales de 22 estados y organizaciones de derechos de inmigrantes, argumentan que la medida contraviene la 14ª Enmienda, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense. El fallo, sin embargo, permite a la administración avanzar en su agenda migratoria sin que tribunales individuales puedan bloquearla a nivel nacional.
El pronunciamiento del tribunal también refleja una división ideológica entre sus integrantes. La mayoría conservadora respaldó la posición del gobierno, señalando que las medidas judiciales deben ser proporcionales y no exceder el caso específico. Por el contrario, las juezas liberales Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor expresaron una fuerte oposición, calificando el fallo como una amenaza al estado de derecho y una vulneración a derechos fundamentales. Jackson advirtió que la decisión podría desmantelar protecciones judiciales esenciales, mientras Sotomayor acusó al tribunal de crear un “nuevo régimen jurídico” sin precedentes.
Este caso marca un punto de inflexión en la jurisprudencia migratoria de Estados Unidos. Expertos y defensores de derechos humanos alertan que, al aceptar el argumento de Trump, se corre el riesgo de crear una subclase de personas apátridas, principalmente de origen mexicano, sin protección legal ni reconocimiento estatal. El precedente legal que por más de un siglo ha garantizado la ciudadanía por nacimiento se ve ahora cuestionado, abriendo la puerta a un debate de profundas implicaciones sociales, legales y éticas para el país.
