La elección de Gina Hinojosa como nueva gobernadora de Texas ha generado expectativas entre organizaciones defensoras de migrantes y representantes de la Iglesia, luego de que la demócrata manifestara su rechazo a los operativos migratorios que vulneran derechos humanos y afectan a las familias. Aunque ha expresado su respaldo a mantener la seguridad fronteriza y trabajar con el Gobierno federal, también ha señalado que las acciones de los agentes migratorios dentro del estado deben tener límites y respetar las garantías de las personas.
Sobre esta postura, el obispo de la Diócesis de Piedras Negras, monseñor Alfonso Gerardo Miranda, consideró positivo que la futura mandataria coloque la dignidad humana entre sus prioridades.
Señaló que las declaraciones de Hinojosa coinciden con los pronunciamientos que han realizado obispos del sur de Texas y de otras regiones de Estados Unidos, quienes han mantenido una postura de defensa de los derechos de las comunidades migrantes. Consideró que la llegada de una mujer latina al gobierno texano también puede favorecer una mayor comunicación y colaboración entre las autoridades estatales, la Iglesia y los grupos que trabajan en favor de esta población.
Hinojosa ha planteado que la seguridad fronteriza puede mantenerse sin recurrir a acciones que provoquen miedo entre las comunidades. Durante su campaña también propuso garantizar el debido proceso, ofrecer una vía para regularizar su situación a residentes de larga trayectoria que respetan las leyes y evitar medidas que separen familias o inhiban que las personas denuncien delitos por temor a ser entregadas a las autoridades migratorias. Asimismo, ha cuestionado los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de las ciudades texanas por considerar que han generado situaciones peligrosas y violaciones a los derechos de las personas.
Al respecto, monseñor Miranda destacó que las políticas y leyes migratorias no deben convertirse en una justificación para atropellar la dignidad humana. Señaló que, independientemente de que una persona tenga o no documentos para permanecer en Estados Unidos, debe recibir un trato respetuoso y contar con la protección de sus derechos fundamentales. También mencionó las consecuencias que enfrentan algunas familias por las detenciones y separaciones de padres e hijos, así como el traslado de personas a centros de detención, situaciones que requieren atención desde una perspectiva de respeto a la integridad humana.
El obispo expresó su confianza en que la postura de la nueva gobernadora se traduzca en acciones y mantenga coincidencias con los llamados que la Iglesia ha realizado en ambos lados de la frontera para exigir un trato digno a los migrantes. Reiteró que la condición legal de una persona no debe determinar el respeto que merece y consideró importante que exista una mayor coordinación entre el gobierno estatal, las organizaciones civiles y las instituciones religiosas para proteger a quienes viven estas circunstancias.











