El regidor Juan Carlos Hernández Infante llevó ante instancias estatales dos conflictos relacionados con el ejercicio de sus funciones dentro del Ayuntamiento de Piedras Negras: uno contra el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar Muñoz, por presuntamente obstaculizar la inclusión de un punto de acuerdo para revocar facultades de compra al alcalde Jacobo Rodríguez; y otro contra el contralor municipal, Adrián García Loza, por presunta omisión en sus responsabilidades de investigación.
El edil informó que acudió al Tribunal Electoral del Estado de Coahuila para iniciar un juicio en defensa de sus derechos político-electorales, al considerar que se ha impedido el adecuado ejercicio del cargo que le fue conferido por la ciudadanía.
El conflicto con el secretario del Ayuntamiento se relaciona con la solicitud de incorporar a una sesión de Cabildo un punto de acuerdo para revocar las facultades que permiten al alcalde realizar determinadas compras y adquisiciones sin someterlas previamente a consideración del cuerpo edilicio.
La propuesta generó diferencias entre integrantes del Ayuntamiento, luego de que Daniel Aguilar sostuviera que no correspondía a su área incorporar el planteamiento en los términos solicitados por los regidores. Hernández insiste en que se trata de una facultad de los integrantes del Cabildo y no de una solicitud para convocar a una sesión extraordinaria.
En una segunda acción, el regidor presentó una denuncia formal ante la Auditoría Superior del Estado de Coahuila contra el contralor municipal, a quien señala de no atender sus solicitudes para iniciar procedimientos por presuntas faltas administrativas graves cometidas por funcionarios del Ayuntamiento, incluido el presidente municipal.
En el documento, identificado como una denuncia de responsabilidad administrativa por faltas graves, Hernández solicita la intervención de la autoridad investigadora y señala posibles conductas de obstrucción de la justicia y desacato, además de solicitar medidas cautelares.
El regidor expone que, ante la falta de respuesta del Órgano Interno de Control municipal, decidió acudir a la Auditoría Superior para que, dentro de sus atribuciones, investigue los hechos y, en caso de encontrar elementos, dé parte al Tribunal de Justicia Administrativa para la aplicación de las sanciones correspondientes.
Estas acciones se suman a otros cuestionamientos que Hernández ha realizado a la administración municipal por el manejo de recursos públicos, las contrataciones y la falta de información para ejercer sus funciones de vigilancia.
Entre los antecedentes se encuentra la denuncia que presentó en octubre ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en 12 contratos de publicidad correspondientes a 2025, cuyo monto conjunto señaló en 20 millones 929 mil 530.12 pesos.
