Las recientes detenciones de alcaldes y exalcaldes en distintos estados del país, relacionadas con presuntos actos de corrupción y vínculos con grupos delictivos, han puesto nuevamente bajo la lupa el desempeño de los funcionarios públicos. Los casos forman parte de la Operación Enjambre, estrategia de seguridad impulsada por autoridades federales para investigar a servidores públicos presuntamente relacionados con actividades ilícitas. Entre los casos más recientes se encuentra el del alcalde de Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez Ochoa, detenido el 7 de septiembre por su presunta relación con una célula dedicada al robo de transporte, secuestro y extorsión.
Ante este escenario, Arturo Cervera, militante y uno de los fundadores de Morena en Piedras Negras, consideró positivo que las autoridades investiguen a funcionarios y exfuncionarios, independientemente del partido al que pertenezcan, cuando existan señalamientos sobre el uso indebido del poder o de recursos públicos.
Cervera señaló que quienes asumen un cargo público adquieren el compromiso de servir a la ciudadanía, por lo que, si una investigación determina que utilizaron recursos municipales, estatales o federales para beneficio personal o de un grupo, deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes.
El morenista sostuvo que las investigaciones y auditorías deben realizarse sin distinción partidista y que no debe existir protección para ningún funcionario acusado de corrupción. Afirmó que, si las autoridades encuentran elementos suficientes para acreditar un delito, corresponde a los jueces determinar la responsabilidad y la sanción que proceda.
También rechazó que la pertenencia a Morena deba utilizarse como argumento para encubrir posibles irregularidades. Cervera aseguró que dentro del partido existen militantes que han participado en su consolidación y actividades políticas sin buscar enriquecerse mediante cargos públicos.
Expresó que espera que los funcionarios actualmente bajo investigación puedan demostrar su inocencia si no cometieron irregularidades, pero consideró que quienes hayan abusado de su cargo o utilizado recursos públicos de manera ilícita deben responder ante las autoridades. Para Cervera, ocupar una responsabilidad pública implica rendir cuentas y asumir las consecuencias cuando no se cumple con ese compromiso.
