Sufre familia de la ahora extrabajadora de SIMAS, particularmente del área de facturación, Melba Rodríguez, represalias por una declaración en la que señalaba un presunto plan para crear una mala imagen del gerente de SIMAS, Lorenzo Menera Sierra, orden que, según su testimonio, vendría desde la Presidencia Municipal, con el objetivo de aumentar las cifras en los recibos de agua y crear molestia en los usuarios.
Lo anterior fue compartido por el aún trabajador de SIMAS, Gilberto Félix, quien en los últimos días ha sido víctima de presión, junto a más compañeros del sistema, para que renuncien voluntariamente a sus labores, al grado de ser borrados del sistema y no permitirles realizar su chequeo de ingreso.
En entrevista, Félix aseguró que la extrabajadora recibió represalias casi de manera inmediata, dijo fue amenazada y amedrentada directamente junto a miembros de su familia, lo que ocasionó que decidiera renunciar a su empleo y desistir de la lucha por sus derechos laborales.
Gilberto Félix mencionó que, dentro de las amenazas, se abordó el tema de negocios relacionados con la familia de la extrabajadora, los cuales podrían ser clausurados si la empleada continuaba hablando sobre la orden de los incrementos en los recibos ante los medios de comunicación.
El trabajador compartió que, tras las amenazas por parte de autoridades hacia la extrabajadora, la mujer presentó crisis nerviosa y afectaciones en su estabilidad emocional.
«Ella vino mal y ya se fue», señaló el aún trabajador.
Señaló que al igual que melba, más empleados han decidido desistir de la lucha y renunciar, puntualizó que en estos supuestos despidos, no se entrega documentación alguna firmada por autoridades, que pueda confirmar la baja de determinado empleado o que compruebe su renuncia.
Esto ocurre después de que el alcalde, Jacobo Rodríguez, declarara que en el organismo existen trabajadores que no realizan ninguna actividad, incluso calificando a algunos como «aviadores», y argumentó que estos afectan las finanzas del sistema.
El caso es muy similar a lo ocurrido en el departamento de Obras Públicas en los primeros meses de 2025, cuando el alcalde intentó deshacer el sindicato y, tras un conflicto que se prolongó por meses, no pudo llevar a cabo su objetivo para después ser obligado, mediante la orden de un tribunal, a cubrir un monto de 7.6 millones de pesos a los trabajadores como subsistencia, cantidad que podría ser reclamada nuevamente si no se cumple con la reinstalación de los trabajadores a sus puestos de trabajo.
