Una línea de conducción de agua potable que abastece al sector Praderas, construida hace menos de un año por el gobierno municipal de Piedras Negras con una inversión de 45 millones de pesos de recursos federales, continúa presentando fallas graves que impiden su correcta operación, denunció el gerente general del Simas, Lorenzo Menera.
El más reciente problema se registró en un tramo del bulevar Prolongación República, donde se detectó una fuga en la tubería y la obra de reparación permanece abandonada desde hace al menos ocho días.
El Municipio inauguró la obra el año pasado, que se ejerció con recursos federales y se ejecutó segmentado el proyecto para evitar procesos de licitación nacional.
A través de un video transmitido en redes sociales, el gerente de Simas exhibió las condiciones en las que se encuentra la infraestructura y lanzó una crítica al alcalde Jacobo Rodríguez. “Quisimos echarla a andar, ya tiene más de una semana. Y miren cómo se encuentra. Ni un señalamiento”, expresó mientras mostraba la zona afectada.
En el mismo mensaje, Menera arremetió contra la administración municipal por la falta de atención a la falla. “Ah, pero para estarnos criticando con sus medios chayoteros, allí sí está muy bien el alcalde. Por eso le digo que ya se calle, que se ponga un pañal en el hocico, aunque sea si no se le quiere poner en el trasero. Pero no es bueno para nada”, declaró.
El funcionario también señaló directamente la deficiente ejecución de la obra. “Más de ocho días. ¿Y cómo tiene aquí? Aquí está el cople, pedazo del cople que pusieron y esto lo hizo Aguirre. Miren, más de una semana que no han arreglado esta línea”, afirmó. Y añadió: “Así que si llega alguna emergencia, pues qué nos puede salvar, solo Jesucristo, porque el alcalde es puro hocico, para trabajar no sirve para nada”.
Se trata de una línea nueva de agua potable, con un costo de 45 millones de pesos, instalada con tubería de PVC en una zanja de menos de un metro de profundidad.
El proyecto fue financiado con recursos federales y la obra fue dividida en varias partes para eludir la licitación correspondiente. Los trabajos fueron asignados a una empresa particular de Acuña, cuyo domicilio fiscal se encuentra en una vivienda de interés social del Infonavit.
