“Con la votación se buscaba regularizar administrativamente el gasto para efectos de auditoría”, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, tras el rechazo del Cabildo a la cuenta pública correspondiente al mes de noviembre y a la ampliación presupuestal de un programa que pretendía pasar de 7 a 12 millones de pesos.
El funcionario explicó que el techo financiero del programa ya había sido ejercido en su totalidad y que la ampliación sólo pretendía dar sustento formal a un gasto que, dijo, está plenamente comprobado. Los recursos, añadió, se aplicaron principalmente en apoyos a centros de rehabilitación y tratamientos contra adicciones, por lo que suspenderlos habría sido “irresponsable”.
Aguilar reconoció que la adecuación presupuestal debió realizarse antes de alcanzar el monto autorizado, pero argumentó que por razones técnicas y administrativas no fue posible. Subrayó que los recursos se encuentran disponibles para cualquier revisión y que la Auditoría Superior del Estado será la instancia encargada de verificar su correcta aplicación.
“El gasto fue legal, está comprobado y será revisado conforme a los procesos normales de auditoría. Si existen observaciones, se solventarán en tiempo y forma”, señaló.
Respecto a las críticas de los regidores que votaron en contra, el secretario rechazó que haya existido falta de información o transparencia.
“La información se presenta por grandes rubros, como lo establece la normativa. Si algún integrante desea más detalle, puede solicitarlo, pero no hay obligación de modificar el formato histórico de entrega”, justificó.
Aunque evitó confrontar directamente a los ediles que votaron en contra, Aguilar declaró que el rechazo a las cuentas públicas se ha vuelto una práctica recurrente y advirtió que la ciudadanía podrá valorar si esas decisiones responden a criterios técnicos o políticos.
Finalmente, el funcionario admitió que la negativa del Cabildo podría generar percepciones adversas en la ciudadanía sobre el manejo financiero del municipio.
“Incluso cuando las cuentas públicas son aprobadas, siempre hay observaciones. Lo importante es que el ejercicio del recurso sea legal, transparente y verificable”, concluyó.
