El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, respondió este lunes 15 de diciembre a los señalamientos contenidos en un reportaje de investigación de Demos Diario, donde se documenta la triangulación de recursos públicos y federales hacia empresas vinculadas a su familia. En su mensaje, el edil admitió que la concretera familiar vende concreto para diversas obras y justificó su operación bajo el argumento de que “vieron un área de oportunidad”.
Durante su discurso, Rodríguez insistió en que no existe ilegalidad alguna y que su familia no vende directamente al municipio, aunque reconoció que sí abastecen obras ejecutadas con recursos públicos. Sin embargo, el alcalde evitó referirse al más reciente hallazgo revelado este fin de semana : el suministro de concreto de Arcco para el muro de Ferromex, una obra privada autorizada por su administración sin consulta ciudadana ni presentación pública de estudios hidrológicos.
El conflicto de interés señalado es directo: sin la autorización otorgada por el propio alcalde, su familia no estaría vendiendo el concreto para esa barda. El permiso fue emitido el 25 de septiembre por apenas 37 mil pesos, sin pasar por cabildo y pese a que proyectos similares habían sido rechazados en administraciones anteriores.
El 6 de octubre, vecinos de colonias afectadas protestaron en la conferencia matutina del gobierno municipal, acusando que la administración “le llegó al precio” a Ferromex. Dos meses después, el reclamo se reforzó con la evidencia de camiones y maquinaria rotulados con el nombre “Arcco” vaciando concreto en la zona de las vías del ferrocarril, a la altura del bulevar Fausto Z. Martínez, un punto que el alcalde tampoco abordó en su conferencia.
A esta omisión se suma otra: Jacobo Rodríguez no mencionó las denuncias vecinales por contaminación derivadas de la instalación de la concretera Arcco. Desde su arranque a mediados de 2025, habitantes de la zona Nava–Piedras Negras han señalado afectaciones ambientales y a la salud, así como la necesidad de abandonar temporalmente sus viviendas, sin que hasta ahora se conozca una respuesta pública o medidas de mitigación por parte del Ayuntamiento.
Otro contraste entre el discurso oficial y la investigación radica en la naturaleza legal de Arcco. Mientras el alcalde afirma que se trata únicamente de un nombre comercial, el reportaje exhibe hojas membretadas de cotización donde la empresa se presenta como “Arcco Concretos, S.A. de C.V.”, una figura jurídica que implica constitución formal y registro ante Hacienda.
Cabe señalar que un nombre comercial no incluye la denominación S.A. de C.V., lo que refuerza los señalamientos de simulación empresarial.
Rodríguez también reconoció que la concretera se instaló durante el primer año de su administración, coincidiendo con el aumento de obra pública y con el periodo en el que adquirió la facultad de liberar permisos de construcción, como el otorgado a Ferromex. En su exposición, no explicó por qué la empresa familiar surgió precisamente en ese contexto ni cómo se evitó el cruce de intereses entre su función pública y los negocios de su familia.
Finalmente, el alcalde señaló que, si la ciudadanía se siente agraviada, estaría dispuesto a retirarse de la política, y recurrió como argumento al antecedente de una administración pasada, el caso Bres, donde un conflicto de interés no tuvo consecuencias legales, pese a que él mismo lo criticó en su momento.
Con la suma del asilo federal, los contratos municipales, el muro de Ferromex y ahora las denuncias por contaminación, el caso trasciende el plano legal y se instala en el terreno de la ética pública, donde el discurso del “área de oportunidad” contrasta con decisiones de gobierno que, una y otra vez, terminan beneficiando directamente a la empresa familiar del alcalde.
