El contraste entre la tolerancia hacia empresas contaminantes y la firmeza aplicada contra personas que piden dinero o venden en los puentes internacionales volvió a quedar en evidencia durante la conferencia matutina de este miércoles. El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, reconoció que compañías como Labasa continúan operando dentro de la mancha urbana, pese a que el propio Plan de Desarrollo Urbano prohíbe ese tipo de giros debido al impacto ambiental y a las quejas de vecinos.
De acuerdo con el funcionario, aunque estas industrias quedaron “asfixiadas” por el crecimiento de la ciudad, reubicarlas resulta un proceso complicado. En el caso de Labasa, la empresa condicionó su traslado a que el municipio le entregue un predio con características específicas, algo que no existe en la actualidad. Por ello, no hay planes inmediatos para obligar su salida, aun cuando los habitantes reportan emisiones constantes visibles a kilómetros.
El manejo cambia drásticamente cuando se trata de personas que piden apoyo económico o venden artículos en las filas hacia Eagle Pass. La directora de Inspectores, Aimé Delgado Tamez, informó que hay unidades fijas durante toda la mañana en ambos puentes internacionales con el objetivo de retirar a pedigüeños y ambulantes. Sostuvo que estas prácticas “no son legales” y que, tras una advertencia, se les canaliza a Seguridad Pública en caso de reincidencia.
La administración mantiene mano dura y enfatiza que no pueden permitir ventas ni solicitudes de apoyo en esa zona.
Mientras el municipio reconoce la complejidad para actuar jurídica y operativamente contra empresas con alto impacto ambiental, la vigilancia contra los más vulnerables es inmediata y permanente. Este doble criterio genera cuestionamientos sobre la disparidad de criterios y la aplicación desigual de la ley en Piedras Negras.
