La Corte Suprema de Estados Unidos inició este jueves la revisión de una de las decisiones más controversiales del segundo mandato del presidente Donald Trump: la orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y ciertos residentes temporales.
Firmada por Trump en su primer día de regreso a la Casa Blanca, la orden instruye a las agencias federales a negar la ciudadanía a los bebés nacidos en Estados Unidos cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales. La medida fue bloqueada rápidamente por jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes consideraron que el presidente no puede cambiar una enmienda constitucional mediante decreto.
Los alegatos ante el tribunal se centraron tanto en la constitucionalidad de la orden como en el alcance de las medidas cautelares impuestas por jueces federales que han frenado su aplicación a nivel nacional. La jueza Sonia Sotomayor advirtió que limitar las medidas cautelares abriría la puerta a miles de demandas individuales, mientras que otros magistrados manifestaron dudas sobre el poder de los jueces de distrito para bloquear políticas en todo el país.
La administración Trump, por su parte, solicitó que la Corte permita la entrada en vigor del decreto en la mayor parte del país, exceptuando a los estados donde ya fue bloqueado judicialmente. A través de una petición de emergencia, argumentó que los hijos de inmigrantes sin estatus legal no están “sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos” y, por tanto, no deberían obtener ciudadanía automática.
Trump defendió la medida alegando que la décimo cuarta Enmienda fue creada tras la Guerra Civil exclusivamente para proteger a los hijos de esclavos, y no para los nacidos de personas que, según él, “vacacionan para obtener la ciudadanía”. Estas declaraciones fueron acompañadas de duras críticas hacia la inmigración irregular y el sistema actual, que calificó como “una burla”.
Numerosos grupos de defensa de inmigrantes, fiscales generales estatales y expertos constitucionalistas han advertido que la ciudadanía por nacimiento es un pilar del orden legal estadounidense, consagrado tanto en la Constitución como en fallos históricos como el de Estados Unidos vs. Wong Kim Ark (1898), que ratificó ese derecho incluso para hijos de extranjeros.
Un estudio del Migration Policy Institute estima que unos 255 mil niños nacidos anualmente en Estados Unidos se verían afectados si la orden de Trump entra en vigor. Se espera que la Corte, con mayoría conservadora, emita un fallo hacia finales de junio o principios de julio.
