El presidente Donald Trump lanzó este sábado una advertencia directa al gobernador de California, Gavin Newsom, y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, al declarar que su administración “intervendrá” si las autoridades locales no logran controlar las protestas originadas por las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La amenaza presidencial fue publicada a través de la red social Truth Social, poco después de que Tom Homan, designado por Trump como zar de la frontera, confirmara el despliegue de al menos 2 mil efectivos de la Guardia Nacional en las calles de Los Ángeles. La medida fue ratificada por Newsom en un comunicado donde precisó que el Gobierno federal ha tomado control de la Guardia Nacional de California.
Las tensiones aumentaron tras dos días consecutivos de operativos migratorios en centros de trabajo en el área metropolitana de Los Ángeles, particularmente en la ciudad de Paramount, donde se desplegaron más de 50 vehículos federales. Activistas y vecinos trataron de evitar las detenciones, siendo repelidos con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y balas de goma. Se reportaron varios heridos, entre ellos un manifestante hospitalizado.
El Departamento de Seguridad Interna denunció actos vandálicos y daños a propiedad federal durante las manifestaciones, que también incluyeron grafitis y ataques contra vehículos de ICE. Hasta ahora, las redadas han dejado al menos 44 personas detenidas, 11 de ellas de nacionalidad mexicana, según informó el cónsul general de México, Carlos González Gutiérrez, quien ha ofrecido asistencia consular a los connacionales afectados.
Durante las protestas, fue detenido David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), acusado de interferir con un operativo federal. En declaraciones posteriores, Huerta calificó su arresto como parte de una lucha más amplia contra lo que considera políticas injustas hacia los inmigrantes.
Las autoridades de ICE defienden los operativos, asegurando que cumplen con la normativa legal vigente. Sin embargo, organizaciones como CHIRLA han denunciado un clima de miedo e intimidación en las comunidades inmigrantes de la zona.
El fiscal federal Bill Essayli confirmó que las operaciones continuarán y que Huerta deberá presentarse ante un tribunal este lunes.
