Un Tribunal Federal dictó auto de formal prisión contra Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la desaparecida Policía Federal y estrecho colaborador de Genaro García Luna. La medida judicial responde a su presunta omisión de impedir la entrada de más de dos mil armas provenientes de Estados Unidos durante el fallido operativo “Rápido y Furioso”, desarrollado entre 2009 y 2011.
La resolución revierte una decisión previa emitida en enero de 2024 por la jueza Karina Almada, titular del Juzgado Noveno de Distrito de Sonora, que le había concedido la libertad por considerar que no existían pruebas suficientes. Sin embargo, el Tribunal de Apelación con sede en Hermosillo determinó que sí hay elementos que vinculan al exfuncionario con el operativo que permitió el ingreso ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.
El operativo, impulsado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del gobierno estadounidense, pretendía rastrear las armas mediante chips para desarticular redes delictivas. No obstante, la mayoría de las armas terminaron en manos del crimen organizado, y fueron usadas en múltiples crímenes.
Actualmente, Cárdenas Palomino permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde enfrenta otro proceso por tortura en perjuicio de Israel Vallarta y su hermano Guadalupe, acusados de pertenecer al inexistente grupo criminal “Los Zodiaco”, en un caso ampliamente cuestionado por irregularidades y presunto montaje.
Este episodio se entrelaza con el escándalo internacional del caso Florence Cassez, detenida junto a Vallarta en 2005. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó violaciones al debido proceso, incluyendo la detención un día antes del operativo transmitido en vivo por cadenas nacionales y actos de tortura. Cassez fue liberada en 2013 por la Suprema Corte, pero Vallarta continúa en prisión.
En marzo de 2025, el fiscal Alejandro Gertz Manero calificó públicamente el caso como un montaje, pero la Fiscalía General de la República aclaró que tales declaraciones no constituyen una postura oficial, por lo que el proceso contra Vallarta sigue en curso.
