El señalamiento del municipio de Piedras Negras contra la Jurisdicción Sanitaria 01 por un presunto vertimiento de sustancias tóxicas al drenaje volvió a dar pie a la polémica, aunque esta vez bajo un matiz de un acto de revancha política. El alcalde Jacobo Rodríguez declaró que ya existe un acta administrativa contra la dependencia estatal y destacó que la Propaec debería intervenir, lo que sería un intento de presionar a una institución que semanas atrás sancionó a su administración con una multa millonaria por el caso del tiradero de perros en el basurero municipal.
El alcalde recordó que la Propaec multó al Ayuntamiento con un millón de pesos por la falta de reportes por parte de Bienestar Animal y el depósito irregular de canes que habían sido sometidos a eutanasia. Aunque dicha sanción continúa en litigio, Rodríguez insiste en que fue “injusta”, y ahora, en contraste, exige que el Estado actúe con la misma severidad contra la Jurisdicción Sanitaria, aun cuando la dependencia ya presentó su versión técnica de los hechos. Esta insistencia apunta a que el alcalde está utilizando el episodio para equilibrar cuentas o buscar una vindicación pública ante la autoridad que lo sancionó.
El origen de esta nueva polémica inició por un supuesto reporte ciudadano sobre un olor en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria. Ecología, Simas y Protección Civil acudieron al sitio y documentaron la presencia de contenedores de plaguicidas, lo que llevó al municipio a señalar un supuesto derrame de sustancias peligrosas. Sin embargo, la Jurisdicción Sanitaria aclaró posteriormente que lo observado correspondía únicamente al proceso de triple lavado de envases utilizados en el Programa de Vectores, siguiendo protocolos avalados por la FAO y la Cofepris. La dependencia aseguró que no hubo descarga de Maliatón al drenaje, que todos los recipientes estaban vacíos y que el olor detectado provenía de residuos impregnados en los contenedores, algo normal tras su uso.
A pesar de esta explicación técnica, el alcalde reiteró que “sería interesante ver qué hará la Propaec”, comparando el caso con el de la sanción municipal y sugiriendo que la autoridad estatal debe actuar de forma similar. La postura de Jacobo mostraría un intento de presionar mediáticamente a la Jurisdicción Sanitaria y de enviar un mensaje a la Procuraduría Ambiental. Aunque el procedimiento administrativo seguirá su curso, la controversia se desplazó del ámbito técnico al político, poniendo en el centro el estilo confrontativo de Jacobo Rodríguez y su aparente interés en cobrar una factura pendiente.
