En una sesión que se prolongó hasta la madrugada, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por Morena y sus aliados, en medio de fuertes reclamos de la oposición que acusó al oficialismo de introducir “retroactividad disfrazada” y debilitar los mecanismos de protección judicial.
El dictamen, avalado en lo general por 345 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones, y en lo particular con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, incorpora cambios sustanciales al procedimiento de amparo. Entre ellos, se precisa el concepto de interés legítimo, que permitirá presentar amparos de manera individual o colectiva, siempre que exista una afectación directa, aunque no sea actual.
Durante la discusión, que incluyó 307 reservas, Morena y sus aliados aprobaron tres modificaciones polémicas. Una de ellas establece que sólo las etapas ya concluidas de los juicios se regirán bajo la legislación anterior, mientras que los actos procesales pendientes deberán sujetarse a la nueva norma. Para juristas como Enrique Burgoa, esta disposición representa una retroactividad encubierta, ya que los procesos deberían regirse por una sola ley de principio a fin.
Asimismo, se incluyó una cláusula para negar la suspensión del acto reclamado cuando se trate de actividades o servicios que requieran permiso o concesión federal sin contar con la autorización correspondiente, y se suprimieron términos considerados ambiguos, como “interés público” y “daños de difícil reparación”.
El texto, que ahora será enviado al Senado de la República para su análisis, también reduce los plazos para dictar sentencia, permite tramitar amparos por vía electrónica, y obliga al cumplimiento de sentencias sin alegar imposibilidad jurídica. Además, mantiene la prisión preventiva oficiosa y el congelamiento de cuentas bancarias hasta la resolución final de los procesos.
Pese a las críticas de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, cuyas mociones suspensivas fueron desechadas a mano alzada, Morena defendió la reforma al asegurar que busca modernizar y agilizar el sistema de amparo, sin vulnerar derechos adquiridos ni principios constitucionales.
