El presunto tráfico de influencias que hoy rodea al alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, se explica como una cadena de decisiones tomadas desde el gobierno municipal que, de manera directa o indirecta, terminaron beneficiando a empresas propiedad de su familia.
Jacobo Rodríguez asumió la presidencia municipal, el primer día de este 2025 que está por finalizar, con la facultad legal de autorizar permisos de construcción, obras y proyectos dentro del municipio. Esta atribución lo colocó en una posición clave para definir qué proyectos avanzaban y bajo qué condiciones.
Durante el primer año de su administración se instaló la concretera Arcco, un negocio operado por su familia. El propio alcalde reconoció públicamente que la concretera pertenece a sus padres y a su tío, y que surte a la empresa Aikin S.A. de C.V., administrada por su hermano.
De manera paralela, el municipio inició y gestionó diversas obras financiadas con recursos públicos y federales. La principal de ellas es la construcción del asilo de ancianos “Tu Nueva Historia”, proyecto que recibió una inversión del gobierno federal superior a los 46 millones de pesos.
La ejecución de esta obra y de otros proyectos públicos incrementó de forma significativa la demanda de concreto en la ciudad. En ese contexto, la empresa familiar del alcalde comenzó a vender el material utilizado en dichas construcciones.
Aunque Jacobo Rodríguez ha sostenido que no existen contratos directos entre el municipio y las empresas de su familia, admitió que estas sí abastecen obras ejecutadas con dinero público. El señalamiento de presunto tráfico de influencias surge porque esas ventas no habrían sido posibles sin decisiones previas tomadas desde el propio Ayuntamiento.
El punto central del caso es que el alcalde, desde su posición de poder, autoriza y gestiona obras públicas financiadas con recursos federales y esas mismas obras terminan comprando materiales a negocios de su entorno familiar.
A este contexto se suman antecedentes en otros municipios. De acuerdo con investigaciones y denuncias ciudadanas, empresas vinculadas a la familia de Jacobo Rodríguez habrían recibido contratos de obra pública en el municipio de Múzquiz durante la administración de la exalcaldesa Tania Flores Guerra, hoy bajo investigación. Estas contrataciones habrían sido realizadas a la empresa Aikin S.A. de C.V., la misma bajo la cual actualmente opera la concretera Arcco.
Estos antecedentes refuerzan los señalamientos, al mostrar que la relación entre negocios familiares y obra pública no sería un hecho aislado, sino un esquema que ya se había presentado antes y en otro municipio.
Uno de los episodios que agravó los señalamientos en Piedras Negras fue el del muro de Ferromex. El 25 de septiembre, el municipio otorgó a Grupo México Ferromex el permiso para construir un muro de confinamiento dentro de la mancha urbana, a cambio de un pago de 37 mil pesos. La autorización se emitió sin consulta ciudadana, sin pasar por Cabildo y a pesar que proyectos similares habían sido rechazados en administraciones anteriores.
El 6 de octubre, vecinos de colonias afectadas protestaron durante la conferencia matutina del gobierno municipal, acusando que la administración había favorecido a la empresa ferroviaria y advirtiendo sobre la falta de estudios hidrológicos.
Posteriormente, el Ayuntamiento negó la entrega de dichos estudios cuando fueron solicitados vía transparencia, argumentando que se trataba de información confidencial.
Meses después, se documentó que camiones y maquinaria rotulados con el nombre de Arcco estaban suministrando concreto para la construcción del muro de Ferromex, a la altura del bulevar Fausto Z. Martínez. Este hecho reforzó el señalamiento de que una obra autorizada por el alcalde terminó beneficiando económicamente a la empresa de su familia.
El señalamiento de presunto tráfico de influencias es directo: sin la autorización municipal otorgada por el propio alcalde, la obra del muro no existiría y, por lo tanto, su familia no estaría vendiendo el concreto para esa construcción.
Regidores y el exsecretario de Ayuntamiento anunciaron recientemente que realizarán denuncias formales ante instancias anticorrupción, en las que solicitarán auditoría de obras y contratos otorgados tanto en Piedras Negras como en Múzquiz a empresas vinculadas a la familia del alcalde.
