Una coalición bipartidista de fiscales generales de 12 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el presidente Donald Trump ante el Tribunal de Comercio Internacional, alegando que los aranceles impuestos durante su administración carecen de sustento legal y dañan la economía local.
Los estados acusan a Trump de haber impuesto tarifas sin la aprobación del Congreso, lo que, según argumentan, viola las leyes federales que regulan el comercio exterior. Los aranceles impugnados incluyen un 145 por ciento sobre productos de China, 25 por ciento para bienes de México y Canadá, y un 10 por ciento adicional sobre productos de otros 46 países.
Según los fiscales, estas medidas han incrementado los costos para las familias y empresas locales, provocando inflación y afectando sectores como la agricultura y la manufactura. Informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Reserva Federal advierten que estas políticas podrían aumentar la inflación en un 0.5 por ciento anual y reducir el Producto Interno Bruto (PIB) en varios estados.
Entre los fiscales que lideran la demanda se encuentran representantes de Arizona, Oregón, Nueva York y Minnesota, junto con otros estados como Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Nevada, Nuevo México y Vermont. Aunque la mayoría son estados con gobiernos demócratas, la acción también cuenta con el respaldo de fiscales republicanos.
La demanda se basa en que Trump habría excedido su autoridad bajo la Ley de Comercio de 1974 y la ley de emergencia de 1977, las cuales requieren consultar al Congreso para imponer aranceles bajo razones de “seguridad nacional”.
El Tribunal de Comercio Internacional tiene 90 días para emitir un fallo. Si se decide a favor de los demandantes, los aranceles podrían ser suspendidos. Expertos señalan que el caso podría llegar hasta la Corte Suprema.
