El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó, tras una investigación de cinco años, que no existen pruebas suficientes para acreditar que el dinero en efectivo entregado por David León a Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se utilizó para financiar de manera ilícita actividades de Morena entre 2015 y 2018. La Unidad Técnica de Fiscalización revisó estados bancarios, registros contables, documentación fiscal y realizó peritajes a los videos difundidos en 2020, pero no logró establecer un nexo jurídico que confirmara un financiamiento paralelo.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey, explicó que se solicitó información a diversas instituciones, incluidas la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin que se obtuvieran elementos que transformaran los indicios en certeza. Incluso, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales determinó en 2022 no ejercer acción penal, argumentando que los videos estaban alterados. Los consejeros del INE reconocieron que, aunque las imágenes generaron dudas legítimas, estas no bastan para construir una sanción legal.
El caso provocó posiciones encontradas entre los partidos. Mientras Morena defendió la resolución al subrayar que se trata de una decisión jurídica basada en la presunción de inocencia, el PAN acusó que los videos evidencian aportaciones indebidas de origen dudoso y con fines electorales. David León, quien entregó los recursos, reconoció que eran destinados a asambleas y actividades del movimiento morenista, y el propio López Obrador admitió que se utilizaban para gasolina y organización de eventos; sin embargo, al no hallarse trazabilidad financiera, el INE dio por cerrado el expediente.
