La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó este viernes que exista “terrorismo fiscal” en su administración, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallara en contra de Grupo Salinas, lo que obliga a la empresa a pagar 48 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). La mandataria acusó a sectores de la oposición de promover la idea de que el gobierno utiliza mecanismos ilegales para presionar a los contribuyentes, lo cual, dijo, es totalmente falso.
Sheinbaum afirmó que el fallo de la Corte simplemente ratificó resoluciones previas emitidas por distintas instancias judiciales a lo largo de más de 15 años. Señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prepara los procedimientos a seguir para garantizar el cobro del adeudo. Si Grupo Salinas paga tras la notificación, explicó, el caso se resolverá de inmediato; de lo contrario, comenzarán procesos jurídicos adicionales, todos dentro del marco legal. “Aquí no hay autoritarismo”, sostuvo la mandataria.
La presidenta recordó que esta deuda no es la única que mantiene el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego. La Procuraduría Fiscal informó en junio pasado que el grupo empresarial tiene al menos 32 juicios pendientes que suman 74 mil millones de pesos, cifra que ha aumentado con el tiempo por actualizaciones y créditos fiscales emitidos en administraciones anteriores. Sheinbaum también criticó que durante años la Corte mantuviera congelados varios expedientes sin resolverlos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria también llamó a revisar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al considerar que es un modelo complejo que no opera a plenitud desde su creación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Subrayó que el objetivo de su gobierno es evitar la impunidad y fortalecer los mecanismos para sancionar actos de corrupción. Sobre la posibilidad de investigar a los ministros que retrasaron los casos contra Grupo Salinas, Sheinbaum indicó que lo importante ahora es consolidar un Poder Judicial legítimo y confiable para la ciudadanía.
