Las familias de cinco campistas y dos consejeras que murieron durante las inundaciones del 4 de julio en el campamento Mystic, en Texas, interpusieron demandas judiciales contra la institución y sus propietarios, a quienes acusan de negligencia grave por no haber protegido a las menores pese a las advertencias de mal tiempo. Las acciones legales, presentadas en el Tribunal de Distrito del Condado de Travis, solicitan juicio con jurado e indemnizaciones superiores al millón de dólares por daños y perjuicios.
Camp Mystic se encuentra a orillas del río Guadalupe, en una zona conocida como Flash Flood Alley, propensa a crecidas repentinas. Según las demandas, el campamento conocía los riesgos, pero no contaba con planes de evacuación adecuados, ignoró las alertas meteorológicas y ordenó a las niñas permanecer en sus cabañas mientras el nivel del agua subía rápidamente. Las familias afirman que esas decisiones costaron vidas y retrasaron los esfuerzos de rescate cuando cada minuto era crucial.
Los abogados de las familias, Paul Yetter, Justin Tschoepe, Reid Simpson y Shannon Smith, del bufete Yetter Coleman LLP, señalaron que el campamento priorizó bienes materiales sobre vidas humanas y alojó deliberadamente a las niñas más pequeñas en zonas más bajas para evitar gastos de reubicación. “Camp Mystic falló en su responsabilidad más importante: mantener a salvo a los jóvenes bajo su cuidado”, declaró Yetter, al exigir justicia y reformas de seguridad en campamentos juveniles.
En contraste, la defensa de Camp Mystic, encabezada por el abogado Mikal Watts, sostiene que el personal actuó con rapidez y logró salvar a 166 campistas. Argumentó que la decisión de mantener a las niñas en las cabañas fue la más segura, pues el río creció ocho metros en menos de una hora. Calificó el desastre como un “evento sin precedentes que ocurre una vez cada mil años” y aseguró que el personal hizo todo lo posible bajo circunstancias extremas.
La tragedia, que dejó 136 muertos en el centro de Texas, siete de ellos en Camp Mystic, impulsó una reforma legal. En septiembre, el gobernador Greg Abbott promulgó una ley que obliga a instalar sirenas y sistemas de alerta en zonas propensas a inundaciones. Pese al dolor y las demandas en curso, el campamento anunció su reapertura parcial con motivo de su centenario, aunque mantendrá cerrada la zona junto al río Guadalupe, escenario de la tragedia.
