Mientras el alcalde Jacobo Rodríguez ha iniciado una ofensiva contra los llamados “monopolios del taxi”, la familia Ibarra, que desde hace décadas controla más del 90% de las rutas de camiones urbanos municipales, permanece exenta de cualquier regulación o escrutinio.
Durante el 2023, bajo la administración de la entonces alcaldesa Norma Treviño, se autorizó el mayor aumento en las tarifas del transporte urbano operado por los Ibarra. Sin embargo, las principales deficiencias del servicio persisten hasta la fecha, entre ellas el incumplimiento constante de rutas y la falta de unidades en horarios críticos.
Además, en los últimos años, diversos choferes empleados por esta empresa se han manifestado públicamente para denunciar abusos laborales, incluyendo falta de pagos y condiciones precarias de trabajo. A pesar de esto, el actual gobierno municipal ha enfocado sus críticas en las altas tarifas y explotación en el sector taxista, omitiendo denunciar las mismas prácticas irregulares en el sistema de camiones.
Cabe señalar que las concesiones que permiten a la familia Ibarra operar estas rutas están vencidas desde 2023, lo que deja en evidencia una omisión legal y administrativa que beneficia a este histórico monopolio, intocable incluso en tiempos de la llamada “nueva historia”.
