El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó en mayo una serie de reformas en materia educativa que entraron en vigor con el inicio de este ciclo escolar. Entre las más polémicas está el decreto HB 1255, que abre la posibilidad a docentes y directivos de aplicar castigos físicos a los alumnos, siempre y cuando exista autorización previa de los padres. Esta medida deberá ser realizada bajo la presencia de otro adulto y posteriormente notificada por escrito a los tutores, quienes podrán otorgar permisos con vigencia de hasta tres años.
Además de la llamada “política de disciplina”, la nueva normativa elimina disposiciones que anteriormente buscaban garantizar la inclusión de estudiantes de grupos minoritarios y de familias con bajos recursos en el sistema educativo. Con ello, se retira la obligación del Comisionado en Educación de vigilar que los distritos escolares implementen medidas para maximizar la integración de estas poblaciones.
Otro de los cambios autorizados es la ampliación en el uso de medicamentos en las instituciones educativas, permitiendo a las escuelas la adquisición y administración de ciertos opioides de emergencia, además de la naloxona. Con este paquete de reformas, la administración de DeSantis refuerza una visión de disciplina más estricta y de mayor control en el ámbito escolar, aunque también ha despertado un amplio debate sobre los alcances y riesgos de estas medidas.
