El gobierno de Estados Unidos autorizó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceda a los datos personales de los 79 millones de beneficiarios de Medicaid, incluyendo direcciones y orígenes étnicos. Este acceso, formalizado mediante un acuerdo entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Departamento de Seguridad Nacional, permitirá a los agentes migratorios localizar a inmigrantes indocumentados en todo el país.
Según el documento, el objetivo declarado es identificar a personas inscritas indebidamente en el programa, aunque el acuerdo especifica que el ICE utilizará esta información para obtener datos sobre identidad y ubicación de extranjeros buscados por la agencia. La medida, impulsada por la administración Trump, representa una escalada en sus políticas migratorias, que han intentado ampliar el alcance de las deportaciones diarias a miles de personas.
La decisión generó preocupación entre legisladores, funcionarios de salud y defensores de los derechos civiles, quienes cuestionan la legalidad del uso de información médica confidencial con fines de control migratorio. Temen que esta práctica socave la confianza en los servicios de salud, al provocar miedo entre los inmigrantes y desalentar su acceso a atención médica, incluso en situaciones de emergencia.
El pasado 1 de julio, 20 estados, encabezados por California, presentaron una demanda contra la administración Trump por compartir ilegalmente datos sensibles de salud con el ICE. El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró que la medida “trastoca las protecciones de privacidad establecidas desde hace tiempo”, y advirtió sobre el riesgo de convertir hospitales y clínicas en nuevas zonas de temor para comunidades migrantes.
