Gina Reyes, de 62 años, falleció la madrugada del miércoles a las puertas del Hospital Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, luego de que el personal del establecimiento privado se negara a brindarle atención médica urgente por no contar de inmediato con un depósito de 30 mil pesos. La mujer, quien padecía diabetes, presentó serias dificultades para respirar y fue trasladada por sus familiares al centro médico más cercano en busca de ayuda, pero el acceso fue condicionado al pago anticipado, una práctica prohibida por las leyes de salud en México.
Según el testimonio de los familiares, al no contar con el dinero en ese momento, solicitaron unos minutos para regresar con una tarjeta de crédito. Sin embargo, personal de seguridad les cerró las puertas del hospital e impidió que Gina recibiera cualquier tipo de auxilio médico. Solo una enfermera le colocó un oxímetro, reportando una saturación de oxígeno que sus allegados calificaron como inverosímil dadas sus condiciones. La paciente permaneció más de 20 minutos sin atención en una silla de ruedas, hasta que perdió el conocimiento y finalmente murió sin que ningún médico interviniera.
El hecho fue documentado en un video que se viralizó en redes sociales, donde se escucha a un familiar expresar indignación: “Ni le hicieron nada, les valió gorro, 30 mil pesos vale su vida”. La imagen del cuerpo sin vida de Gina Reyes, cubierto con una sábana sobre la banqueta del hospital, provocó una ola de indignación y denuncias de inhumanidad por parte de los usuarios en redes sociales. La familia ha solicitado la intervención del Gobierno capitalino, mientras que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por posible homicidio culposo.
De acuerdo con la Ley General de Salud, todos los establecimientos están obligados a brindar atención inmediata en casos de urgencia sin exigir pago previo. La conducta del Hospital Tlalpan, que se promociona como una institución comprometida con la calidez humana, contrasta con las acusaciones de negligencia y trato inhumano. La familia de Gina ha anunciado que emprenderá acciones legales, mientras cientos de ciudadanos exigen justicia y una revisión profunda de la operación de hospitales privados en el país.
