El Gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mantiene negociaciones con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, para recuperar recursos públicos desviados durante el sexenio de Felipe Calderón. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el titular de la UIF, Pablo Gómez, le notificó sobre los avances del proceso, el cual incluye la posible entrega de información y bienes obtenidos ilícitamente. Sheinbaum advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, continuarán los procesos judiciales tanto en México como en Estados Unidos.
García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, fueron sentenciados en una corte civil de Miami, Florida, a pagar más de 2 mil 400 millones de dólares al Estado mexicano. La jueza Lisa Walsh determinó que el exfuncionario deberá cubrir 748 millones de dólares, mientras que Pereyra enfrentará una sanción de mil 740 millones, como resultado de su implicación en un esquema de contrataciones ilegales con el Gobierno mexicano. Esta resolución es independiente del juicio penal que García Luna enfrenta en Nueva York por vínculos con el narcotráfico.
Además del matrimonio, la UIF identificó a otros individuos involucrados en la red de desvío de recursos públicos. El caso es considerado prioritario para la actual administración, que busca recuperar activos adquiridos de forma fraudulenta y sentar un precedente firme en el combate a la corrupción de alto nivel. La demanda civil en Miami y el proceso penal en Nueva York reflejan los múltiples frentes legales abiertos contra el exsecretario, quien ya fue condenado a más de 38 años de prisión por colaborar con la delincuencia organizada.
