En la actual administración de Piedras Negras persisten las mismas prácticas de persecución arbitraria en contra de personas indigentes y ambulantes, bajo la dirección de los inspectores municipales actuales, quienes mantienen una política de hostigamiento heredada de gobiernos anteriores.
Durante la conferencia matutina de este jueves, la directora de Inspectores, Aimee Tamez, reconoció que diariamente se retira a más de 20 personas en situación de mendicidad de distintas calles y puntos concurridos de la ciudad. En su intervención, hizo alusión reiterada a su reincidencia y al trabajo conjunto con Seguridad Pública para su detención.
Sin embargo, las acciones de la autoridad municipal es cuestionable por su legalidad y enfoque. La persecución a personas que piden limosna por voluntad propia, una práctica que no constituye delito según el marco legal vigente, ha derivado en detenciones arbitrarias bajo pretextos de faltas administrativas como alteración del orden público o consumo de sustancias, sin pruebas suficientes. En estos casos, las sanciones pueden implicar hasta 36 horas de arresto o multas de hasta 4 mil 200 pesos, una cantidad inalcanzable para quienes se encuentran en situación de calle, por lo que suelen ser liberados en la madrugada, exponiéndolos a nuevos riesgos.
Por otra parte, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, se refirió correctamente al fenómeno como “mendicidad”, y admitió que existen casos donde familiares explotan a personas vulnerables, niños, personas con discapacidad o adultos mayores, para pedir dinero en las calles, (lo cual sí representa un delito al tratarse de una forma de trata de personas). A pesar de ello, reconoció que no se ha actuado con firmeza en estos casos, y se comprometió a acompañar a inspectores y canalizar reportes a la Fiscalía del Estado.
Casos denunciados públicamente, han sido ignorados durante años, sin una atención integral por parte del municipio. Mientras se sigue criminalizando a quienes mendigan por necesidad; los casos de explotación o mendicidad forzada, que sí requieren intervención urgente, continúan desatendidos o sin seguimiento judicial claro.
La ambigüedad y contradicción en el discurso oficial evidencia una mala gestión del problema desde el enfoque legal y social: se detiene a personas sin que hayan cometido delitos, y se omite la atención debida en los casos en que sí podría estarse cometiendo un crimen. Esto revela no solo una omisión institucional, sino una violación a los derechos humanos de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
