A una semana del ingreso ilegal de cuatro elementos de la Policía Municipal al despacho del notario público Raúl Fernando Tamez Robledo, el afectado presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por el delito de allanamiento.
El hecho ocurrió el pasado sábado 31 de mayo, cuando los oficiales irrumpieron sin orden judicial en la oficina del notario, ubicada en el centro de la ciudad, persiguiendo a un ciudadano en situación vulnerable que ya estaba dentro del despacho del licenciado. De acuerdo con el testimonio de Tamez, los agentes entraron de manera violenta y actuaron con prepotencia, desoyendo sus solicitudes de respetar la propiedad privada.
“Me sorprendió ver cómo irrumpieron en mi propiedad. Les pedí respeto, pero la respuesta fue una amenaza directa: que si seguía oponiéndome, también me llevarían a mí”, declaró el notario ese día, quien calificó el hecho como un abuso de autoridad y un acto ilegal que violenta el Estado de derecho.
A pesar de que el alcalde Jacobo Rodríguez aseguró que no se tomarían medidas hasta que hubiera una denuncia formal, el notario cumplió con ese requisito legal, por lo que ahora corresponde a las autoridades estatales investigar el caso, que sería un delito de allanamiento, agravado por haber sido cometido por servidores públicos en funciones.
La postura de la administración municipal ha sido minimizar lo ocurrido. El alcalde dijo que la detención fue “en la raya, cerquita de la puerta” de la entrada, y el comisario Cruz Eliud Mercado incluso admitió que los policías estuvieron “en la puerta”, pero negó que hayan entrado al interior del inmueble, contradiciendo el testimonio del notario y el video difundido en redes sociales, en el que se observa claramente la presencia de los agentes dentro de la oficina.
Hasta ahora, las autoridades municipales no han revisado las grabaciones de las cámaras corporales que por protocolo deben portar los oficiales. Estos videos podrían confirmar la versión del notario y demostrar si efectivamente se incurrió en el delito de allanamiento, tal como ya fue denunciado ante la Fiscalía.
El caso evidencia una omisión institucional: ni el municipio ni la Dirección de Seguridad Pública han iniciado una investigación interna, pese a la obligación legal de actuar de oficio ante posibles delitos cometidos por agentes municipales.
Con la denuncia ya presentada, la Fiscalía General del Estado investigará el caso, y se espera que el Municipio deje de evadir su responsabilidad frente a lo que podría ser una grave violación de derechos por parte de su corporación policial.
