La red de corrupción tejida durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no ha sido desmantelada por completo. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, reveló que en México continúa un proceso penal abierto contra implicados en el esquema de lavado de dinero encabezado por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.
Este viernes, Gómez confirmó que hay detenidos, órdenes de aprehensión vigentes y que se abrirán nuevos procesos penales. Además, existen conversaciones con presuntos implicados para lograr su colaboración en el esclarecimiento de la compleja red de desvío de recursos públicos.
El funcionario detalló que al menos 15 empresas de segundo y tercer nivel fueron utilizadas para ocultar más de 100 millones de dólares. Estas compañías, aunque no firmaron contratos directamente, fueron clave en el esquema para recibir y dispersar fondos provenientes de contratos simulados con entidades públicas de seguridad.
A la par del proceso penal en México, en Estados Unidos se desarrolla un juicio civil en Florida. La jueza Lisa Walsh ha sentenciado a García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, al pago conjunto de más de 2 mil 480 millones de dólares al Gobierno de México, monto derivado de un esquema de defraudación que operó durante dos administraciones, la de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Gómez advirtió que próximamente la corte estadounidense emitirá otra resolución contra las empresas fantasma utilizadas en esta trama, que firmaron contratos millonarios en dólares, triangularon fondos a paraísos fiscales como Barbados e Israel, y luego regresaron parte del dinero a México para realizar pagos en efectivo, incluidos los destinados a campañas políticas.
“No debemos dejar de luchar contra el Estado corrupto. Hay una operación transexenal que refleja cómo se aliaron dos partidos políticos en beneficio de una red de intereses privados. No nos vamos a detener”, afirmó.
Finalmente, reconoció el papel de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, como pieza clave en la denuncia presentada en 2021 en Florida, misma que permitió abrir el juicio internacional. El gobierno federal ya recuperó 12.5 millones de dólares en bienes localizados en Florida, y está en curso la venta de un inmueble más.
