El Ayuntamiento reconoció que existe la posibilidad de enfrentar un embargo precautorio como parte del proceso judicial derivado del despido de trabajadores de Obras Públicas, aunque hasta el momento no ha recibido notificación oficial alguna. Así lo confirmó el abogado municipal Gilberto Múzquiz, quien aclaró que, si bien no hay un procedimiento formal iniciado contra el municipio, sí tienen conocimiento extrajudicial de la existencia de una demanda que podría traducirse en una medida cautelar por una cantidad aproximada de un millón de pesos.
“El municipio no ha sido notificado de ningún embargo, no ha sido emplazado a juicio, y la información que tenemos proviene de medios de comunicación, no de autoridades judiciales”, explicó Múzquiz. Agregó que los documentos que circularon en redes y medios podrían corresponder al Poder Judicial, pero enfatizó que no se les ha hecho del conocimiento oficial.
El abogado precisó que, en caso de proceder, el embargo sería únicamente por la cantidad que garantice el pago de los últimos días trabajados por los empleados despedidos, y aclaró que dicho proceso legal podría tomar varios años. También desmintió versiones que aseguraban que el sindicato ya había ganado el juicio.
“Va a ganar si es que gana, en seis años, no en tres días. Apenas se presentó el escrito y ni siquiera hemos sido notificados”, subrayó.
