La administración del presidente Donald Trump impuso este viernes 9 de octubre sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), en una nueva escalada de las tensiones entre Washington y el tribunal encargado de investigar y juzgar los crímenes internacionales más graves.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció las medidas y sostuvo que la Corte representa una amenaza para la soberanía de su país, al considerar que pretende ejercer jurisdicción sobre ciudadanos, militares y funcionarios estadounidenses.
Las sanciones buscan restringir el acceso del tribunal a servicios financieros y tecnológicos de Estados Unidos, además de prohibir determinadas transacciones con la institución. Las empresas y personas estadounidenses que mantengan relaciones comerciales con la Corte dispondrán de un plazo de 180 días para concluir las actividades afectadas, con excepciones autorizadas por Washington.
La decisión también está relacionada con la oposición del gobierno de Trump a las órdenes de arresto emitidas por la Corte contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad vinculados con la ofensiva en Gaza.
Estados Unidos tampoco forma parte del Estatuto de Roma, tratado que estableció la Corte en 2002, y sostiene que el tribunal carece de autoridad para procesar a sus ciudadanos. Sin embargo, la CPI mantiene que puede ejercer jurisdicción sobre determinados delitos cometidos en territorios de países miembros, independientemente de la nacionalidad de los presuntos responsables.
Tras el anuncio, la Corte rechazó las sanciones y advirtió que constituyen un intento de obstaculizar la justicia internacional. La fiscal adjunta, Nazhat Shameem Khan, afirmó que el tribunal continuará con sus investigaciones y procesos judiciales pese a las restricciones.
La medida provocó críticas de gobiernos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
